- Califican propuesta del Ejecutivo como apresurada y plantean que es mejor reducir el gasto por la vía de reducir funcionarios en la Corte Suprema de Justicia, Parlamento y Contraloría, y revisar las pensiones a los ex presidentes y vicepresidentes
María Antonia López M. [email protected]
La Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER) oficializará esta semana su posición sobre el impacto que tendría la aplicación de la Ley de Ampliación de la Base Tributaria, que fuera enviada a la Asamblea Nacional por el Poder Ejecutivo la semana pasada.
La CCER disiente de algunos aspectos de la iniciativa de ley, porque perjudica a varios sectores de la sociedad civil
Mario Quintana, miembro de la CCER y participante de las sesiones plenarias en el Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes), manifestó que la organización ha analizado la propuesta del Ejecutivo, “y hay una preocupación general sobre la necesidad de reducir el gasto público, pero no creemos que muchos de los temas expuestos sean la salida a la crisis”.
Añadió que una de las formas de reducir el gasto es disminuyendo la cantidad de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, diputados, contralores, así como revisar las pensiones a los ex presidentes y vicepresidentes.
“Hemos planteado que la propuesta del Ejecutivo ha sido muy apresurada, y perfectamente se pudo resolver el exceso de gasto de otra forma sin necesidad de una reforma, pero eso pasa por la voluntad política de la Asamblea Nacional y una decisión del Poder Ejecutivo de tocar a otros poderes”, manifestó Quintana.
Agregó que los poderes del Estado no pueden hablar de reducir el gasto público, si ellos mismos no lo hacen desde su propia posición.
REFORMAS AFECTAN A LOS POBRES
Ricardo Zambrana, de la CCER, manifestó que la propuesta ejecutiva afecta a la población porque aplican medidas como eliminar exoneraciones a los organismos no gubernamentales y la imposición de Impuesto sobre la Renta a quienes hacen proyectos de desarrollo.
“Creemos que debieron tomar en cuenta la realidad del país, donde el estancamiento económico es palpable, el crecimiento para este año se ha calculado en uno por ciento del Producto Interno Bruto, pero también el nivel de pobreza de la gente ha crecido, la mitad de la población tiene menos de un dólar de ingreso diario”, explicó Zambrana.
PROPUESTA UNILATERAL E INMADURA
Ante eso, Mario Arana, secretario de la Presidencia, manifestó estar de acuerdo en la necesidad de hacer una reforma fiscal más integral y con medidas de largo plazo.
Por otra parte, Arana calificó la propuesta planteada días atrás por el analista fiscal Teódulo Báez, en la que sugiere cobrar el Impuesto sobre la Renta a los diputados, recaudar todas los ingresos que obtienen las entidades del Estado y pasar 10 millones de dólares de la venta de las telecomunicaciones al presupuesto, “es unilateral e inmadura como cualquier otra”.
TOMAR EN CUENTA AL CONPES
La Coordinadora Civil todavía apuesta a que el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes) sea un instrumento para proponer y recomendar aspectos que sean tomados en cuenta, aunque de antemano algunos temas no están siendo consultados por esta vía de parte del Ejecutivo, antes de pasar a la Asamblea, como el Presupuesto a la República, la reforma fiscal “esperamos que el presidente Enrique Bolaños retome sus compromisos de campaña”, indicó Mario Quintana.
Por su parte, Mario Arana, secretario técnico de la Presidencia de la República, indicó que el Conpes sugirió y aceptaron que se practicara una reducción en las exoneraciones, pero “creo que faltó un poco más de discusión porque no es práctico lograrlo, pero en cuanto a las exoneraciones las hemos incorporado.
La anulación de la tasa cero no fue enviada en el proyecto, por recomendación del Conpes, explicó Arana.
La propuesta final presentada fue modificada en varios aspectos en relación con la preliminar discutida con diferentes sectores, dijo el secretario técnico.
