Emilio Álvarez Montalván
Si es cierto que los pueblos tienen el gobierno que se merecen, también es verdad que el tipo de ejército corresponde al grado de desarrollo que aquellas naciones alcanzan. Así por ejemplo en Nicaragua, durante la anarquía (1821-1858) hubo hasta tres jefes de Estado simultáneamente, en consecuencia la fuerza pública era una banda armada comandada por el caudillo respectivo. En esos años el Comandante General, nombrado por el Senado actuaba como el poder detrás del trono, como pasó con Trinidad Muñoz y Casto Fonseca.
En cambio, cuando leoneses y granadinos firmaron la paz en 1856, fundando el Estado-Nación, pudo crearse un ejército nacional fuerte, bien dotado y sometido al poder civil. Con ese respaldo, Nicaragua gozó por 34 años de paz, libertad y progreso. De esa época data el primer Código Militar (1876) elaborado por el Lic. Tomás Ayón, siendo presidente Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, sustituyendo así las ordenanzas reales de Carlos III expedidas en 1786.
Cuando el Patriciado Oriental perdió el poder, en 1893 lo reemplazó un dictador militarista que disolvió al ejército nacional que tanto costó consolidar para crear otro a su medida, convirtiéndolo en muchos casos en torturador de disidentes. En todo caso, sus abusos y malas relaciones con EE.UU. obligaron a Zelaya a renunciar, pese a su talante reformista.
Fue entonces que la revolución triunfante (1909), repitió la historia, desbandando a la tropa que perdió la guerra, montando una milicia de tinte partidarista. La intervención norteamericana (1927) cambió el esquema repetitivo y organizó la Guardia Nacional, presuntamente apartidarista, empeño que fracasó porque idos los marines, el jefe director controló aquella fuerza, convirtiéndola por 43 años en guardianes devotos de la dinastía y violadores de los derechos humanos. Para entonces, la GN adoptó una traducción del Manual de Disciplina de los marines, traducido por Carlos Reyes Ruiz como Código Militar (CEM), aplicado a los opositores.
Cuando en 1979 huyó el dictador, la guerrilla triunfante condenó a 30 años de cárcel valiéndose de tribunales ad hoc a los guardias que quedaban en el país. A su vez, el nuevo ejército (EPS) funcionó por diez años totalmente ideologizado como brazo armado del partido en el poder. No obstante, ese gobierno presidió elecciones libres y la fórmula opositora ganó las elecciones.
Ese cambio pacífico inspiró negociaciones que condujeron al sometimiento del EPS a la nueva autoridad civil, al mismo tiempo que se redujo su tamaño, reemplazándose al Jefe del Ejército, iniciándose así el proceso de despartidarización. Asimismo se aprobó el Código Militar, creándose el Instituto Social Militar con patrimonio propio. Se buscaba así la profesionalización de las FF.AA. Posteriormente en 1997 el nuevo Presidente de la República nombró a un civil Ministro de Defensa, por primera vez; situación que evidenció los asuntos que quedaban pendientes entre Gobierno, sociedad civil y Ejército, esperando un momento propicio para finiquitarlos.
Al asumir el mando (2002) el actual Presidente surge la necesidad de encarar aquellos temas postergados, como darle su lugar en el Código Militar al Ministerio de Defensa, reconociéndole como “delegado del Presidente de la República, para que dirija las labores políticas y planes de defensa de la soberanía, lo mismo que participe, coordine y apruebe los programas del Ejército (incluyendo Presupuesto)” Ley 290-20. Lo segundo, devolver propiedades ajenas al poder de militares. Tercero, revisar excepciones aduanales conforme las reformas fiscales, incluyendo establecimientos comerciales que atienden a civiles y militares. A su vez el Ejército aspira a relacionarse con civiles preparados en asuntos castrenses, nombrar agregados militares, acceder a becas en el extranjero y recibir salarios y recursos logísticos conforme al desempeño y posibilidades del país.
No obstante, mientras siga esa continua guerrilla política de baja intensidad dentro del partido de gobierno, los mencionados ajustes con el Ejército serán difíciles de alcanzar.
El autor es analista político y miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA.
