No hay duda de que el Gobierno está apurado por cumplir con el ajuste al Presupuesto General de la República que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI). Éste demanda que se aumente la recaudación en 550 millones de córdobas y que se reduzcan los gastos en otro tanto, como condición previa al otorgamiento de préstamos hasta por 100 millones de dólares que el país necesita urgentemente. Sin embargo, aún cuando el Gobierno cumpla con las exigencias del Fondo, esos préstamos estarían disponibles hasta en septiembre u octubre del año en curso.
Es cierto, también, que en el Gobierno hay conciencia de que es necesario ampliar la base tributaria, a fin de hacer que paguen impuestos todos aquellos que conforme la legislación actual deberían hacerlo pero no lo hacen. Las autoridades de Hacienda, y el Ejecutivo mismo, insistieron en que no habría nuevos impuestos ni aumento en las tasas de los existentes. Pero la iniciativa de ley que el Ejecutivo envió esta semana a la Asamblea Nacional, y que se denomina Ley de Ampliación de la Base Tributaria, cumple parcialmente con lo prometido, ya que aumenta del 6 al 8 por ciento la tasa que se cobra en la venta de los boletos aéreos. El Gobierno lo reconoce, aunque insiste en que eso sólo afecta a un mínimo de personas que viajan fuera del país.
Sin embargo, aunque la ley propuesta no esté subiendo tasas ni creando nuevos impuestos, su aplicación sí podría hacer que la ciudadanía tenga que pagar más por algunos productos. Por ejemplo, la ley contempla detener la reducción progresiva que venía sufriendo el Impuesto Específico de Consumo (IEC) que se le cobra a la industria fiscal, y que en el caso de las gaseosas pretendía llegar al 9 por ciento en el 2003. Eso no sólo es un cambio brusco en las reglas del juego, sino que impide que el precio de las gaseosas baje.
El aumento de la retención del 5 al 10 por ciento en el pago de servicios profesionales, tampoco tiene nada que ver con la pretendida intención de ampliar la base tributaria. El Gobierno alega que eso es todavía menos de lo que al final de cuentas el contribuyente tiene que pagar, lo cual puede ser cierto, pero no amplía la base tributaria. Lo único que logra es forzar a algunos profesionales a financiar al fisco por adelantado, cuando la ley establece que los impuestos deben ser pagados al final del año fiscal. Es cierto que muchos profesionales no pagan los impuestos que deberían pagar, pero la medida propuesta no hace que paguen los que no pagan. La lógica de las autoridades fiscales es la siguiente: al fin de cuentas, muchos de aquellos a los que se les retuvo el 5 por ciento no pagarán lo que les corresponde en el tiempo que les corresponde, y, por lo tanto, es preferible asegurarnos, desde ya, un ingreso adicional a través de un aumento en la retención.
De esa manera se desvirtúa el concepto de retención, que no es más que un control o pista que el fisco necesita para poder exigir posteriormente el pago total. Además, el fisco está demostrando que es incapaz de hacer que los profesionales que trabajan por su cuenta y que no pagan impuestos, los paguen. Lo que le corresponde, en consecuencia, es encontrar el mecanismo adecuado para lograrlo, y entonces sí, estaría ampliando la base tributaria.
No hay duda de que es necesario un reordenamiento de las finanzas públicas, y que ese reordenamiento pasa por una modernización de todo lo que a impuestos se refiere. La idea de llegar a tener un presupuesto balanceado y más equitativo en el más corto plazo posible es sana, pero creemos que en esta ocasión el gobierno está actuando apresuradamente y desperdiciando una oportunidad para hacer una reforma tributaria a fondo, que sea producto de un proceso de consulta y de análisis profesional serio. Al mismo tiempo, estamos conscientes de la presión que siente el gobierno de parte del FMI en el sentido de aprobar antes del 30 de junio el recorte presupuestario prescrito so pena de no obtener recursos frescos de parte de ese organismo financiero internacional.
