Luis Felipe Palacios [email protected]
La Comisión de Integración Centroamericana de la Asamblea Nacional y la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) se oponen a la petición que hiciera el presidente Enrique Bolaños de formar una comisión de ministros de Economía y Comercio del área para que conozcan y diriman las diferencias comerciales entre países de la región.
Adolfo León, Presidente de la CCJ, explicó que, desde la instalación de la Corte en 1944, es facultad de ellos conocer y dictar sentencia sobre estos temas, de acuerdo con lo que establece el artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa.
Dijo que él no está de acuerdo con la propuesta de Bolaños, también presidente pro-tempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), de pedir la creación de un mecanismo de solución alternas de conflictos. A juicio de León, esa medida “manosea” el sistema actual de arbitraje de la CCJ.
“Si se ratificara esta reforma, habría un organismo paralelo a la Corte que conocería también de casos de arbitrajes. Dos organismos de mediación de conflicto, cuando el Protocolo de Tegucigalpa establece la atribución de la Corte de ser Tribunal Arbitrario”, observó.
Orlando Gómez, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), opinó que la reforma que solicita Bolaños otorgaría a los ministros centroamericanos la facultad de convertirse en un cuerpo arbitral para los asuntos de carácter comercial, con lo cual se corre el riesgo de lesionar la soberanía.
“Al otorgarles a los ministros de Economía o Comercio esa facultad de constituirse en árbitros de conflicto comerciales, se le sustrae a la Corte una de sus facultades. Así que no puedo estar de acuerdo en una iniciativa de ley que atenta contra uno de los órganos de integración centroamericana como es la CCJ”, argumentó.
