- Quieren imitar ejemplo de sus colegas de legislatura pasada, quienes se recetaron más de 100 libres para importar vehículos
José Adán Silva [email protected]
A más de 100 ascienden las exoneraciones de vehículos que los diputados de la pasada Asamblea Nacional introdujeron al país para beneficio personal.
El dato anterior es parte de una revisión que hizo el Diario LA PRENSA a los registros de exoneraciones fiscales de vehículos de 1998 a 2001.
Durante esa fecha, específicamente en 2000 y 2001, se detalla que los diputados nacionales, plenamente identificados, introdujeron 80 vehículos libres de impuestos; la gran mayoría eran lujosos últimos modelos.
Pero en los dos años anteriores —1998 y 1999— existe un subregistro, donde sólo se mencionan las exoneraciones y los detalles de 200 vehículos, sin mencionar el nombre de los propietarios, lo que hace suponer a una fuente de la Contraloría General de la República que investiga el caso junto a la Dirección General de Aduanas, que esta flota pertenece a los diputados de la anterior AN.
“Son alrededor de 200 vehículos los que aparecen exonerados, pero sin dueños, en el período fiscal de 98 a 99, y estamos casi seguros de que equivalen a la primera importación de vehículos automotores que hicieron los diputados. Aún estamos investigando eso”, dijo la fuente, que pidió el anonimato para “no levantar suspicacias o herir susceptibilidades”.
Esta semana el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley de Justicia Tributaria, con el supuesto objetivo de reducir un déficit fiscal de 550 millones de córdobas.
En dicho proyecto de reformas no se propone la modificación de los vehículos a los diputados, algunos de los cuales esta semana defendieron su derecho a recibir las libres. Según la Ley de Justicia Tributaria, cada diputado propietario tiene derecho a introducir dos vehículos en cinco años, mientras los suplentes tienen derecho a uno.
Tales exoneraciones provocaron que en la pasada Administración el Estado dejara de percibir 800 millones de córdobas anuales en materia de impuestos. La propuesta de reforma tributaria ha despertado polémica en la sociedad nicaragüense, ya que mientras una parte respalda que las exoneraciones se regulen, otra se opone aduciendo que provocarán mayores perjuicios a la ya débil economía nacional.
