- Plan generaría los ingresos que necesita el gobierno sin tener que aplicar una reforma tributaria
María Antonia López M.y Leslie Nicolás [email protected]
Una nueva propuesta presentó el experto fiscal Teódulo Báez, consistente en anular la asignación de 10 millones de dólares a los diputados, recaudar el Impuesto sobre la Renta que éstos deben pagar y pasar los ingresos extrapresupuestarios a la DGI.
Esto inyectaría ingresos al Presupuesto General de la República y evitaría la aprobación de una reforma tributaria apresurada, según Báez.
La propuesta de Báez pretende que el gobierno pueda rescatar 511 millones de córdobas. Pero aseguró que “su implementación dependerá de la entereza y decisión que demuestre el Poder Ejecutivo para aplicarla”.
Esta semana, el gobierno presentó a la Asamblea Nacional la propuesta de Ley de Ampliación de la Base Tributaria, como uno de los componentes necesarios para la reforma del Presupuesto Nacional, cuyo interés es reducir el gasto y aumentar las recaudaciones para cubrir el déficit fiscal en 550 millones de córdobas, que según el presidente Enrique Bolaños ha sido causado por las quiebras bancarias y los actos de corrupción en el pasado.
Sin embargo, la propuesta tributaria ha sido criticada por diversos sectores de la economía nacional, señalando que la misma con la intención de aumentar los ingresos está creando indirectamente nuevos impuestos, afectando la industria fiscal, a los profesionales y la inversión privada, entre otros.
LA PROPUESTA EN SÍ
Según Báez, el Ejecutivo debe ordenar a todas las instituciones del Estado que hacen cobros por cualquier servicio para que éstas pasen el dinero a la Dirección General de Ingresos (DGI). Este ingreso se calcula en un poco más de 350 millones de córdobas al año.
La segunda fuente sería enviar una reforma para anular el acápite 5 del artículo quinto de la Ley de Privatización de Enitel que autoriza a los diputados de la Asamblea Nacional la asignación de 10 millones de dólares (unos 145 millones de córdobas) para la ejecución de proyectos sociales, “que son usados para sus obras personales y proyección”, dijo Báez.
Así como también la Dirección General de Ingresos, sea obligada a cumplir el mandato de ley de recaudar el Impuesto sobre la Renta que deben pagar los diputados, estimando anualmente unos 16 millones de córdobas.
Sumando las cifras anteriores, el gobierno podría recaudar 511 millones de córdobas “inmediatamente, el dinero podría ingresar, al cobrarse desde ya o a partir de que inicie el nuevo año fiscal a partir del primero de julio”.
Mientras tanto, dijo el experto, los diputados y la población en general pueden empezar el proceso de discusión del proyecto de reforma para que sea aplicado más adelante y evitar la aprobación de la propuesta gubernamental elaborada a toda prisa.
ASOMIF INCONFORME CON REFORMAS FISCALES
Alfredo Alaniz, Presidente de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), dijo que esta organización que aglutina a la mayor parte de microfinancieras en el país está en desacuerdo con el impuesto que se les pretende imponer a través de las reformas fiscales.
El proyecto de reforma fiscal que propone el Ejecutivo señala: “…no estarán exentos de pagar este impuesto (Impuesto sobre la Renta IR) todas aquellas organizaciones que (…) se dediquen a prestar o brindar servicios financieros de cualquier índole y que las mismas estén sujetas o no a la supervisión de la Superintendencia de Bancos”, cita textualmente la propuesta.
Para Alaniz, este tipo de propuesta no es más que o una “confusión o ignorancia” en cuanto a la naturaleza jurídica de las instituciones sin fines de lucro. “Lo lógico es que se graven las ventas lucrativas y no a nosotros”. Según Alaniz, la iniciativa envía un mal mensaje a los países donantes que cooperan con las microfinancieras.
Esta propuesta causaría dos efectos en estos organismos, el primero es que disminuiría los excedentes obtenidos por las microfinancieras en conceptos de crédito e implicaría aumento en los costos operativos o bien el interés que va dirigido al usuario, dijo Alaniz.
“El gobierno se tendrá que preguntar: ¿Si nosotros dejamos de existir quien iba a atender a los 150,000 usuarios que atiende Asomif? Esto tiene que pensarlo bien”.
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