Sergio [email protected]
Es comprensible, en buena parte, la reacción de algunos sectores ante la revocación del nombramiento del procurador especial doctor Alberto Novoa. ¿Pudo resolverse de otra manera? Quizás. Pero invariablemente habría sido una decisión incomprendida. Está claro que la PGR, analizando las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, optó por una decisión que consideró fundamental e impostergable para su propio orden e institucionalidad. Tal fue el caso que el señor Presidente no dudó en apoyarla inmediatamente y sin reservas. Obviamente en esta situación, como en todo, la PGR está obligada a un comportamiento estrictamente sobrio.
Sin embargo, pasadas las emociones del momento, puede ser conveniente revisar algunas reacciones públicas. Por lo general éstas encontraron una justificación básica en la terrible costumbre histórica de componendas politiqueras, cuyo recuerdo tan fresco ha hecho suponer a muchos que estábamos ante una situación similar. Pero también me parece advertir otras reacciones basadas en motivaciones no tan sanas y que llevan a perder objetividad. Los furiosos anticlericales, por ejemplo, que no pierden oportunidad para llevar agua a su sediento molino. O los de tendencia anárquica que optan por desconocer que las instituciones —de cualquier índole— no son sujetas de responsabilidad penal, sino que únicamente lo son sus funcionarios y empleados. Otros, compelidos por deseos de figurar desde posiciones “independientes”, buscan ahora disimular sus propios vicios y renacer políticamente aunque sea tomados de la cola de esta campaña moralizadora. No escapan los de mentalidad corto-placista, esos que tercamente demandan soluciones de la noche a la mañana, sin visualizar futuros acontecimientos, incapaces de prever escenarios complejos ni aceptar razones ajenas a las suyas. Y finalmente otros, a pesar de su capacidad intelectual, sorprendentemente no lograron separarse de la atracción fatal hacia el caudillismo —tal es la permanente crisis de liderazgo solvente— y han preferido confundir las instituciones con las personas.
Estar alertas a todo lo que sucede en nuestro país, es sin duda acertado. Pero las reacciones anticipadas no deberían dominar la agenda, porque la batalla anti-corrupción supone trascender —para ser genuina y exitosa— las intenciones politiqueras o partidarias pasajeras, así como agendas o urgencias individuales o de grupos. Los que, con limitada visión pretendían dictar el cómo, cuándo, dónde, con quién y de qué manera hacer las cosas, han recibido la señal que indica que el orden es imprescindible, y que sanear el país únicamente será posible con la razón y la coherencia de una estrategia disciplinada e integral que, claro está, incluya a los diferentes sectores que no anidan intereses extraños. Por eso debemos reconocer que ha sido evidente —en saludable contraste— la ponderada reacción de quienes no se apresuraron con juicios temerarios y, aunque tuvieron dudas razonables, decidieron escuchar atentamente y aguardar indicadores adicionales. Romper el molde de la política criolla definitivamente duele, pero sin duda es necesario.
En realidad, para que la PGR sea efectiva se debe comprender y aceptar que sus funcionarios hablen estrictamente lo necesario, y que cuanta menos información anticipada se conozca, mejores resultados obtendremos. El factor sorpresa es una ventaja especial. Ante el menor descuido los posibles implicados toman ventaja para destruir u ocultar evidencias, traspasar bienes, o simplemente huir del país. No podemos olvidar que nos enfrentamos a enemigos poderosos e inescrupulosos, cada vez más desesperados.
En todo caso la PGR está obligada a actuar con la más alta capacidad y profesionalismo, así como convencer categóricamente y a corto plazo que no ha habido variantes en su batalla contra la corrupción. El tiempo tiene la última palabra. Y la PGR el deber de demostrarlo.
El autor es vocero de la PGR.
