Después de intensas y prolongadas negociaciones, y de mucha incertidumbre en la ciudadanía, las autoridades energéticas del país determinaron a fines de la semana pasada que el aumento promedio en la tarifa eléctrica será de 8.1 por ciento, efectivo a partir del primero de julio. Es un duro golpe para la economía del país que pudo, sin embargo, haber sido peor, si se hubiesen satisfecho las demandas originales de Unión Fenosa —la empresa distribuidora de energía— que aspiraba a que el aumento fuera del 31 por ciento.
Aún así, lo cierto es que en una situación tan precaria como la que vive el pueblo nicaragüense, cualquier aumento, por pequeño que sea, constituye un rudo golpe, no sólo para la poca y maltrecha capacidad productiva del país, sino, especialmente, para la gente de más bajos ingresos. Ya Nicaragua, antes del ajuste de la tarifa eléctrica, era el país centroamericano con el precio de energía más alto de la región, con excepción de Panamá. Las tarifas promedio por kilowatt/hora en el año 2000 fueron de 11.2 centavos de dólar en Panamá; 11.1 en Nicaragua; 10.3 en El Salvador; 8.5 en Honduras; 8.3 en Guatemala; y 7.1 en Costa Rica, la tarifa más baja de la región. Nuestro país está muy por encima del promedio regional de 8.9 centavos.
La razón principal de que el precio de la energía sea en Nicaragua mucho más caro que en Costa Rica, es que mientras nuestro vecino del sur genera el 83 por ciento de su energía con plantas hidroeléctricas, y tan sólo un 1 por ciento con plantas térmicas que consumen combustibles derivados del petróleo, en Nicaragua, la situación es a la inversa: un 84 por ciento de nuestra generación energética proviene de plantas térmicas y tan sólo un 10 por ciento de plantas hidroeléctricas. Eso hace que el precio de nuestra energía se vea fuertemente afectado por las alzas en los precios del petróleo.
De seguro que muchos se preguntarán que por qué es ese el caso. Hay que recordar, en primer lugar, que a principios de los años 90 había un enorme déficit energético en Nicaragua. Las viejas plantas hidroeléctricas no habían recibido mantenimiento en muchos años y estaban a punto de colapsar. En todo el período sandinista, además, no se construyeron nuevas plantas, razón por la cual había constantes y prolongados apagones y las calles estaban a oscuras. Era, por lo tanto, muy urgente encontrarle una solución al problema.
El asunto era cómo resolverlo. El país estaba quebrado e imposibilitado de obtener préstamos para construir nuevas plantas. Las instituciones financieras internacionales, además, habían cambiado su política de préstamos y habían decidido no financiar a ese tipo de obras. No quedaba más recurso, por consiguiente, que recurrir al sector privado, el que decidió participar pero invirtiendo en plantas térmicas y no en hidroeléctricas, ya que la inversión requerida en éstas para generar un megavatio de energía es tres veces superior a la que se requiere para generar térmicamente ese mismo megavatio.
Ahora la pregunta fundamental es qué hacer. El Estado sigue sin recursos y por lo tanto será el sector privado el que tendrá que seguir invirtiendo en el sector. Eso no quiere decir, sin embargo, que el sector público pueda desinteresarse del problema. Por el contrario, debe participar activamente en la búsqueda de soluciones adecuadas, pues no hay duda de que la elaboración de un plan energético es urgente, sobre todo bajo un esquema en el que se reduzca la dependencia de la generación térmica para no seguir dependientes de los vaivenes del precio del petróleo.
Nicaragua cuenta con recursos hídricos suficientes para ser utilizados en la solución de este acuciante problema. La energía, como se sabe, incide enormemente en los costos de producción de muchas empresas, y si queremos llegar a ser competitivos necesitamos bajar los costos de generación y de distribución. La buena nueva, no obstante, es que es perfectamente posible —si el Gobierno hace las cosas debidamente— interesar a empresas privadas para generar energía con plantas hidroeléctricas o con otros recursos renovables. Le corresponde, por tanto, a las autoridades correspondientes, elaborar ese plan cuanto antes y someterlo al conocimiento y consideración de la ciudadanía.
