Cornelio [email protected]
En estos meses de arranque del gobierno de don Enrique, muchos han reconocido el inicio de la lucha contra la corrupción como un gran acierto, pero al mismo tiempo muchos han criticado que el gobierno aún no haya dado los pasos necesarios para despegar la economía.
Estas quejas parecen mostrar que aún no se ha asimilado en toda su dimensión un simple hecho: la corrupción a la nicaragüense es solamente la punta ilícita e ilegal de un enorme témpano al que llamaremos Sistema de Benefactores y Beneficiados.
Este sistema es, por un lado, herencia cultural de siglos, pero por otro, es un cáncer que en los últimos 22 años ha casi destruido las bases productivas propias del país. Quienes siguen elogiando al gobierno anterior por sus ‘Obras no Palabras’ de hecho hacen elogios a ese sistema que distribuyó obras como beneficio sin ningún esfuerzo local como contraparte, preparando de esa manera el ambiente propicio para la corrupción como único fruto. Cabe señalar que el gobierno anterior distribuyó beneficios por cuenta ajena, a cuenta de las futuras generaciones, como muestra el incremento espeluznante de la deuda interna y externa.
El verdadero reto para don Enrique y su gobierno, por tanto, no está en sólo combatir los resultados ilícitos, sino en cambiar —romper de fondo— la dinámica que con fuerza casi natural los produce: la dinámica fatal de los benefactores y beneficiados.
La tarea es titánica, puesto que hablamos de prácticas administrativas legales y supuestamente honestas. Comencemos con algo relativamente sencillo: los fondos de beneficencia, que administran a su gusto y antojo los encargados de los poderes del Estado, desde becas y donaciones de la Presidencia, ministerios, Corte Suprema, Consejo Supremo hasta los proyectos personales de desarrollo de los diputados de la Asamblea. Casi todos estos fondos salen del Presupuesto General de la República, pero, no obstante, los benefactores los manejan como si fuera su propia plata. Hay que terminar de una vez por todas con esta práctica, de tal forma que igual como todos los ingresos deben terminar en el presupuesto de ingresos, los egresos deben ser parte del presupuesto de egresos. Así como los ingresos se basan en la ley, los egresos también deben basarse en la ley, es decir, quien reciba plata pública, la debe recibir en base de derecho y no en base de la voluntad de un benefactor o de la intervención de un padrino. Parece fácil, por lógico y simple, pro no lo es, ya que habrá afectados, beneficiados y padrinos, que van a pegar el grito al cielo, cuando se quitan becas, contribuciones, donaciones y subsidios sin base legal.
Pero ésta no es aún la parte más complicada, difícil y dolorosa. La parte más dolorosa y difícil será cambiar de fondo la lógica de administración de los fondos de cooperación externa, puesto que para este cambio hay que enfrentarse no solamente con tradiciones nicaragüenses sino con prácticas avaladas por las mismas instituciones cooperantes, quienes actúan como benefactores de la beneficiada Nicaragua, aún cuando —por ser créditos— distribuyen plata de todos nosotros, nuestros hijos y nietos.
Como primer paso, hay que nacionalizar los proyectos —por lo menos los proyectos financiados por medio de créditos. ¿Que quiere decir nacionalizar? En este momento —y tengo nuevas evidencias de sobra por un estudio mío en marcha— estos proyectos se administran fuera del sistema de ejecución presupuestaria del país, fuera de la ley de contrataciones del Estado, fuera del control por Controlaría y Procuraduría. Se los administra por entes implantados dentro de instituciones nicaragüenses pero fuera del control del respectivo ministro o presidente ejecutivo; entes que con frecuencia duplican unidades administrativas nacionales ya existentes y se reportan con más frecuencia con su Task-Manager en Washington que con su Ministro, y mucho menos aún con la Presidencia y o la Vicepresidencia.
Como segundo paso, hay que cambiar la mecánica interna de ejecución. Dado que sus salarios salen del mismo proyecto y requieren —antes que todo— del visto bueno del Task-Manager, los ejecutores se sienten más como parte del ente benefactor que responsables ante Nicaragua, es decir, como personas que tienen que responderle al país por el uso apropiado del crédito. Distribuyen, a cuenta ajena, plata y obras, telecentros y laboratorios de computación, sin sentir la responsabilidad propia y personal, que de este gasto salga un beneficio verdadero para el país. Tengo —como parte de mi estudio— más que una carta señalando que tal responsabilidad le corresponde únicamente a los beneficiados y no a ellos mismos.
Para romper con esta mecánica hay que cambiar el procedimiento: en lugar de distribuir beneficios, se deben montar concursos públicos y transparentes, donde para participar se define quién es elegible, cómo se puede tener acceso a los fondos, cuáles son las condiciones y qué tiene que aportar el solicitante mismo. Es la misma forma como el sector público convoca a licitaciones para compras y contrataciones. A los funcionarios públicos les corresponde —bajo el procedimiento cambiado— solamente evaluar con diligencia las ofertas de proyectos, definir su puntaje y asignar los fondos disponibles a los proyectos de mejor puntaje pero ya no decidir según su criterio propio y personal a quiénes beneficiar y a quiénes no, y, obviamente, que les corresponde darle seguimiento al proyecto para verificar que se cumpla con lo ofertado, igual como en cualquier contrato; sin perjuicio de las obligaciones complementarias de Contraloría y Procuraduría.
Cambiar las reglas es tarea para titanes. Sin cambiarlas, me temo, la Estrategia Reforzada de Crecimiento y Reducción de Pobreza va a producir más pobreza y nueva corrupción en lugar de reducirlas. Pero aún tengo la esperanza que con el Señor Presidente al frente sí podemos.
El autor es Consultor en Informática.
