El señor René Herrera, secretario general del PLC y Primer Secretario de la Asamblea Nacional, se quejó en sus declaraciones a LA PRENSA que publicamos el domingo recién pasado, de que en Nicaragua no se le reconoce su condición de académico, y de que más bien se le considera como un político siniestro e intrigante, parecido a Vladimiro Montesinos del Perú.
El señor Herrera también arremetió contra LA PRENSA —y por cierto que con palabras impropias de alguien que tiene ínfulas académicas—, por las denuncias que hemos publicado sobre la gigantesca corrupción que hubo en el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán, las que como todo el mundo sabe han sido minuciosamente documentadas. Además, la situación de corrupción desenfrenada que hubo en el gobierno Alemán ha sido corroborada por los procesos judiciales que se han incoado contra algunos ex funcionarios alemancistas, con la declaración del Presidente Bolaños de que los corruptos le robaron al Estado de Nicaragua, o sea al pueblo, más de seiscientos millones de dólares estadounidenses, y con la expresión pública del embajador norteamericano, señor Oliver Garza, de que se siente frustrado porque no vio el resultado de más de cien millones de dólares que aportó su país para ayudar a Nicaragua a paliar los efectos del Mitch.
Pero lo verdaderamente importante de las mencionadas declaraciones del señor Herrera es la revelación de que para su partido PLC, y en consecuencia para el ex presidente Arnoldo Alemán, es necesario e inminente un nuevo pacto con el FSLN, en el que ahora tendría que participar el Presidente Bolaños; y la amenaza de que si Bolaños no acepta el nuevo pacto, el país podría ser destruido. “Las sucesiones de pactos son la única solución que tienen transiciones de este tipo”, aseguró Herrera. “Este país, o se sienta a negociar, que es lo que hay que hacer, o este país se destruye”, sentenció el dirigente liberal alemancista.
Esta declaración del secretario Herrera se complementa con lo dicho por algunos dirigentes sandinistas, en el sentido de que el FSLN se entenderá nuevamente con el PLC y con Arnoldo Alemán si no puede hacerlo con el Presidente Bolaños. Y se produce cuando el titular del Ejecutivo afronta una compleja situación, en la que para lograr la aprobación de las reformas presupuestarias y tributarias —que son indispensables para alcanzar el acuerdo con los organismos financieros internacionales que permitirían a Nicaragua acceder a nuevos fondos de cooperación externa y a los beneficios de la HIPC— necesita el respaldo de las bancadas parlamentarias del PLC y el FSLN.
Además, el acuerdo de las bancadas parlamentarias pelecista y sandinista es necesario para la designación de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deben sustituir a igual número de togados que cumplen su período en el próximo mes de julio, y alrededor de cuyos nombramientos el Presidente Bolaños ha expresado su deseo de que recaigan en juristas honestos e independientes, para comenzar a liberar al Poder Judicial de los perniciosos patronazgos partidistas.
Pero es obvio que lo que quieren el secretario Herrera y la cúpula del PLC no es un acuerdo político decente y transparente con el Poder Ejecutivo, sino un nuevo pacto con el FSLN que obligue al Gobierno del Presidente Bolaños a detener la lucha contra la corrupción y garantizar la impunidad de los principales corruptos del régimen anterior. Y en este propósito perverso los dirigentes del FSLN estarían de acuerdo siempre y cuando puedan obtener “algo” importante a cambio, tal como lo demostraron el mes pasado cuando quisieron presionar a favor de Byron Jerez antes de que éste fuera fulminado con auto de prisión.
Evidentemente no es fácil la situación del Presidente Bolaños. Pero no es cierto que los pactistas del PLC y el FSLN podrían destruir el país si aquel no se somete a sus condiciones. Eso es sólo un chantaje político para intimidar al Gobierno y a toda la nación. Pero el Presidente Bolaños tiene autoridad moral y respaldo popular suficientes para rechazar el chantaje de los pactistas y para llevar hacia adelante su propuesta de reformas económicas e institucionales mediante un acuerdo político decoroso, transparente y de legítimo interés nacional.
