Mayda Isabel Meléndez [email protected]
Más de 100 familias campesinas, organizadas en dos cooperativas, hicieron un llamado a la Presidencia de la República y entes gubernamentales relacionados con el campo, a interceder para que el problema de propiedad que enfrentan desde hace más de una década, llegue a su fin de una vez por todas.
José Alberto Mayorga Díaz y Tránsito Daniel Jirón Romero, presidentes de la Cooperativa agropecuaria Rafaela Herrera y de la Cooperativa Joaquín Mejía Mejía N° 2, respectivamente, aseguraron estar anuentes a dialogar con don Eduardo Deshón, quien, según ellos, alega ser el dueño de la propiedad donde se asientan dichas organizaciones.
La Cooperativa agropecuaria Rafaela Herrera está asentada en la propiedad El Ensayo, municipio El Realejo, Chinandega. En tanto, la Cooperativa Joaquín Mejía Mejía N° 2 está asentada en el lote Las Pozas II, de la propiedad Filadelfia, municipio El Realejo, Chinandega.
Los denunciantes recordaron que se ubicaron en dichas tierras en 1990, pero dos años más tarde se las cedieron por medio de una constancia de posesión.
El conflicto se generó, presuntamente, cuando Eduardo Deshon Montealegre presentó sendos títulos de Reforma Agraria, firmados por Jaime Wheelock Román y emitidos en febrero de 1990 por venirlas trabajando desde hacía ocho años, pero arguyendo que estas propiedades le fueron dadas en permuta de la propiedad La Reforma.
“Nosotros, en medio de nuestra pobreza, hemos logrado investigar esta situación, en la que ha habido malos manejos para despojarnos de la tierra que es nuestra vida”, dijo Mayorga Díaz.
TIERRAS FUERON DONADAS AL ESTADO
Explicó que mediante la Escritura número 146 de desmembración y donación, realizada por el abogado Juan Álvaro Munguía Álvarez; la señora Carmen Deshón Cabrera, en calidad de representante legal de Agrícola La Reforma, S.A. donó dicha propiedad al Estado “de manera total e irrevocable… para ser destinada al desarrollo de los planes del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria”.
A cambio de esta donación, dice el Escrito emitido en 1979, el Estado se haría cargo de la cancelación de los pasivos a favor del Banco Nacional de Nicaragua, en la sucursal de Chinandega y a favor del Fisco, los impuestos inmuebles por los últimos dos años. No obstante, la propiedad fue devuelta a principios de los 90.
Los pequeños productores indican que no han logrado encontrar solución a este problema y han sido objeto de desalojo en diversas ocasiones, pese a que el caso es conocido por la Intendencia de la Propiedad, la Comisión Agraria de la Asamblea Nacional, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Procuraduría General de Justicia, Fiscalía General de Justicia y organismos internacionales.
Asimismo, entregaron documentación sobre el tema al vicepresidente de la república, José Rizo, mientras éste realizaba una visita a El Tololar 1, comarca de Posoltega, Chinandega.
