Diversas personas nos han preguntado si LA PRENSA apoya a algunos candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en número de cinco deben ser escogidos por la Asamblea Nacional a fines de junio. La respuesta es, clara y categóricamente, no.
En realidad, no le corresponde a un periódico profesional e independiente, como es LA PRENSA, proponer ni apoyar candidatos a ocupar cargos públicos, gremiales, sindicales, privados ni de cualquier otra índole. Todo compromiso con causas y candidaturas de diversa naturaleza, aunque se trate de las mejores personas y se invoque los propósitos más nobles, inevitablemente afecta la independencia del periódico, lastima su credibilidad y traiciona la confianza de los lectores.
Otra cosa es que al respecto de la elección o el nombramiento de cualquier cargo público o de directivos de entidades no gubernamentales, LA PRENSA tiene su propia opinión y la expresa libremente, basada en sus principios de libertad, democracia y justicia. LA PRENSA, escribió en una ocasión y para toda la vida el Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mantiene su fe en la búsqueda de una sociedad pluralista para integrar una democracia en libertad, donde el ciudadano participe como principio y fin del Estado, en función de la comunidad. Y esta perenne búsqueda es la que determina el criterio de LA PRENSA ante cada problema y evento de la sociedad nicaragüense.
De manera que al aplicar estos principios a la escogencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que nosotros opinamos, queremos y esperamos es que se escoja a personas que no sólo llenen los requisitos formales que establece la Constitución, sino que además y ante todo sean profesionales honestos, íntegros e independientes de cualquier partido político, y capaces de rechazar cualquier influencia e interés material que afecte la administración recta y ecuánime de la justicia.
Uno de los peores problemas que sufre Nicaragua es el partidismo en la mayoría de las instituciones —particularmente en la administración de justicia— que envilece la función gubernamental, desmoraliza a la sociedad y ahoga o al menos limita las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social del país.
Pero, afortunadamente, la mayor parte de los ciudadanos —según lo han demostrado las encuestas— y el propio Presidente de la República, don Enrique Bolaños, están conscientes de que es necesario corregir esa desnaturalización de la función pública y del Poder Judicial, y se han pronunciado a favor de eliminar el partidismo en la Corte Suprema de Justicia y de escoger a personas idóneas, independientes y honestas para ocupar los cargos de magistrados que deben nombrarse en el mes próximo.
Hay quienes dicen que es imposible nombrar como magistrados a personas que sean ajenas a la política partidista, porque no las hay. Aseguran también que la militancia partidista no puede ser un impedimento para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues tener opciones políticas es un derecho humano universal que no se puede prohibir ni impedir, y además, entre más ilustrada es la persona mayores son sus conocimientos y convicciones políticas. Y aseguran que a los magistrados no se les puede escoger mediante concurso, como lo ha propuesto el presidente Enrique Bolaños, sino mediante votación de los diputados que pertenecen a los partidos políticos tal como lo manda la Constitución Política de la República. De manera que, dicen, la escogencia de magistrados tendrá que ser finalmente el resultado de un pacto político entre las cúpulas liberales y sandinistas con el Poder Ejecutivo.
Pero una cosa es tener convicciones políticas y principios ideológicos, que seguramente los tienen todas las personas, y otra cosa muy diferente es militar en un partido y obedecerle disciplinadamente, que es lo que induce a un magistrado a retener una sentencia o a fallar un caso según lo que le pida el jefe del partido y lo que conviene a los intereses de éste.
Es posible que en la próxima escogencia de cinco magistrados se impongan una vez más los intereses partidistas. Pero no hay que menospreciar a la opinión pública. La verdad es que si no hubiera sido por la información de LA PRENSA de que el FSLN quería salvar a Byron Jerez, éste ya estuviera en libertad.
