Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Contraloría General de la República (CGR) denunció de nulidad la venta de las acciones que poseía la Compañía Productora de Cemento (Cementera) en la Nicalit a unos inversionistas suizos, según una resolución de la entidad fiscalizadora del pasado 25 de abril.
El vocero de la Procuraduría de Justicia, Sergio Bofelli no supo decir si esa institución fue notificada de esa resolución, pese a que la misma establece poner en conocimiento a ésta para que proceda por la vía judicial a demandar la nulidad de la contratación de venta.
“De oficio se denuncia la Nulidad Absoluta de la Contratación de Venta de las 5,632 acciones que la Compañía Nacional Productora de Cemento, poseía en Nicalit S.A., por el precio de un millón 126 mil 400 dólares”, dice la resolución de la Contraloría.
Las más de cinco mil acciones representan el 22 por ciento del total accionario de la Compañía Nicalit S.A.
De acuerdo con el documento, la Junta Directiva de la Compañía Nacional Productora de Cemento autorizó en agosto del año 2000 la venta de cinco mil 632 acciones que el Estado tenía en la empresa Nicalit S.A. a los socios suizos de Nicalit Holding S.A. por un millón 126 mil 400 dólares.
VIOLARON LEY 169
Al vender las acciones, la Junta Directiva de la Cementera violó la Ley de Disposiciones del Estado y Entes reguladores de los Bienes Públicos o Ley 169, que fue reformada por la Ley 204, misma que establece que la venta de todo bien del Estado con montos superiores a los 200 mil córdobas debe ser aprobada por la Asamblea Nacional.
“En consecuencia, ha quedado plenamente demostrado que los ex miembros de la Junta Directiva de la Cementera que aprobaron la venta de las acciones que poseía dicha compañía en la empresa Nicalit, incumplieron directamente con lo dispuesto en el artículo uno de la precitada Ley 204. Que igualmente debe tenerse en cuenta el artículo siete, de la citada Ley 169, que dispone explícitamente: “todo acto o enajenación efectuado en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será nulo”, precisa la resolución.
IMPUTAN RESPONSABILIDAD A MIEMBROS DE DIRECTIVA
Asimismo la Contraloría estableció responsabilidad administrativa contra Gabriel Arturo Levy Porras, ex presidente de la Junta Directiva de la Cementera; José Bosco Marenco Cardenal, ex vicepresidente; Iván Herbé Morales Carazo, ex Secretario; Oscar Euclides Martínez Campos, vigilante; Donald Antonio Baltodano Rizo y Gustavo Adolfo Narváez Picado, ex vocales, por haber incumplido las leyes antes mencionadas y por inobservancia de las disposiciones establecidas en la Ley de la Contraloría.
En sus declaraciones ante la Contraloría, los afectados dijeron que basaron la venta de las acciones en un dictamen jurídico de la Procuraduría de Justicia del dos de febrero de 1999.
El mencionado dictamen de la Procuraduría dice: “que la Compañía Nacional de Cemento Sociedad Anónima, es una empresa mercantil con participación pública. Ella ejerce sus funciones, administra y desarrolla las actividades propias de su giro comercial en la forma en que está establecido en su escritura de constitución, sus estatutos y el régimen mercantil vigente en Nicaragua. Una de las principales consecuencias que derivan de la personalidad jurídica de toda sociedad anónima es la existencia de un patrimonio exclusivo de la sociedad, independientemente del particular de cada uno de los accionistas”.
La Contraloría, sin embargo, considera que como empresa estatal, la Cementera debió regirse por lo estipulado en la Ley 169.
La venta de las acciones se aprobó en acta de la Junta Directiva de la Cementera número 328 del 26 de abril de 1999, se formalizó en julio del 2000, entregando la misma en agosto de ese año.
