Al someterse a la discusión pública el reajuste presupuestario que propone el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, a fin de reducir el desequilibrio fiscal que le impide acceder a los programas de ayuda de los organismos financieros internacionales, lo primero que se ha conocido es el reclamo de los titulares de los organismos e instituciones a los que se les pretende reducir sus gastos.
Sin embargo, también los ciudadanos, por medio de diversos organismos de la sociedad civil, están interviniendo en el debate sobre la reforma presupuestaria, con el planteamiento de que ante todo hay que suprimir los privilegios de la alta burocracia gubernamental. El Conpes y diversos alcaldes, por ejemplo, proponen suprimir los 36.8 millones de córdobas (más de 2.5 millones de dólares) que se asignan anualmente los diputados para financiar su proselitismo político mediante la realización de obras que legalmente no les corresponde hacer. Otros sectores sugieren eliminar las pensiones de privilegio que reciben los ex presidentes y ex vicepresidentes de Nicaragua, sobre todo a los que siguen ejerciendo funciones públicas y percibiendo jugosos sueldos y “estipendios”, y a los que renunciaron al cargo para el que fueron elegidos a fin de aspirar a una posición superior y mejor remunerada en el aparato del Estado. Así como también se habla de poner fin a las exoneraciones con que se beneficia a algunas instituciones, como el Ejército, que tiene sus propios negocios muy lucrativos al amparo de ese privilegio gubernamental.
Sin duda que son excelentes propuestas, que si fueran atendidas por el Gobierno ayudarían a reducir el desmedido gasto estatal, y servirían al mismo tiempo para dignificar el oficio político y la función pública. En realidad, la racionalización del gasto público no debería ser un problema de coyuntura, ni sólo porque es una condición de los organismos financieros internacionales para que el país pueda ser elegible a los programas de cooperación externa. Más bien es por sanidad económica, responsabilidad financiera y sensatez política, que no se debería permitir que el Estado gaste más de lo que percibe ni que preste más de lo que razonablemente está en capacidad de pagar.
Ningún país puede ser viable si no ajusta su nivel de gasto público a la magnitud y rentabilidad de la producción nacional y a la capacidad recaudatoria del Estado. La verdad es que nadie —país, sociedad, empresa, familia o persona— puede gastar más de lo que gana o percibe, ni prestar lo que no podría pagar.
Nicaragua retrocedió en la última parte del siglo pasado casi cincuenta años en relación con el desarrollo económico y material de los países vecinos. Sin embargo, es el país que hace las elecciones más costosas de toda América Latina, tiene una Corte Suprema de Justicia de 16 costosos magistrados, soporta a 92 diputados propietarios que devengan elevados sueldos y fondos complementarios, tiene también 92 diputados suplentes que reciben un sueldo a cambio de nada y que presionan para que se les duplique, y cuenta con un ejército de “asesores” que en su mayoría son cargos prebendarios.
De manera que para reducir el déficit fiscal se debería comenzar por suprimir del gasto público a quienes reciben sueldo sin trabajar, a los que obtienen pensiones de privilegio, y al montón de funcionarios innecesarios que son jugosamente remunerados, y que sólo sirven para hacer más pesada la carga de los contribuyentes y para fomentar la corrupción.
Los políticos que están en el Gobierno dicen que con la eliminación de ese tipo de gasto no se resuelve el problema del déficit público; y que, además, el número de diputados y de magistrados está determinado constitucionalmente y por lo tanto en este campo no hay nada que hacer. Esto es cierto, en términos generales, pero por algo hay que comenzar, y en lo que se refiere a la cantidad de diputados y magistrados se podría reducir mediante una reforma constitucional, siempre y cuando hubiera voluntad política de hacerlo.
Pero peor sería reducir el déficit fiscal mediante el despido de empleados públicos de menor cuantía, o reducir los gastos sociales y aumentar la carga tributaria, que ya es insoportable, y hace de Nicaragua el país centroamericano con menos posibilidades de crecer y desarrollarse.
