José León Argüello Urtecho [email protected]
El hecho que el abogado penalista Alberto Novoa, sea un hombre de bien, sencillo, humilde y temeroso de Dios, no son las únicas cualidades que un empleado de un gobierno laico necesita para representarnos. Es necesario también que entienda que su responsabilidad es de actuar en la Procuraduría General de la República, como empleado asalariado de un gobierno democráticamente elegido, independiente de todo nexo con instituciones religiosas. Es decir, sus decisiones serán basadas de acuerdo con las leyes que rigen a este Estado de Derecho, y no para favorecer a cierto sector del país.
Históricamente en Nicaragua el partido de gobierno cree que el presupuesto nacional es para ser usado a gusto y antojo de los miembros de dicho partido, y siendo la Iglesia Católica, el grupo religioso con mayoría grande entre la población nicaragüense, se da por enterado que es obligación para los miembros católicos de este partido compartir el presupuesto nacional con la Iglesia.
Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia Católica no es el gobierno de Nicaragua, y no tiene exclusivo derecho para beneficiar económicamente a sus arzobispos y demás jerarcas de dicha Iglesia, con bienes del Estado.
