- Contraloría General de la República (CGR) le solicita que pida rompimiento del sigilo bancario
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Procuraduría de Justicia no ha tramitado en los juzgados una solicitud de la Contraloría General de la República para que se levante el sigilo bancario en el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), lo que tiene paralizada una auditoría de la entidad fiscalizadora en la quebrada institución financiera.
Tanto Guillermo Argüello Poessy como Luis Ángel Montenegro, confirmaron que desde febrero pasado el Consejo de Contralores solicitó a la actual Procuraduría que pida a un juez que levante el sigilo bancario en el Banic.
“No hemos recibido respuesta. Estamos esperando”, dijeron ambos contralores al ser consultados, de forma separada, sobre el caso.
Mientras tanto, el vocero de la Procuraduría, Sergio Boffelli, dijo que la persona encargada del caso estaba en un seminario, y prometió brindar información en horas de la tarde de ayer, pero no lo hizo.
Desde septiembre de 2001 la Contraloría ha querido que se rompa el sigilo bancario en el Banic para investigar la quiebra de la entidad bancaria y la pérdida de 200 millones de córdobas, que refleja el informe del auditor interno del Banic, Mario Sándigo, pero nunca ha recibido respuesta de la Procuraduría.
La última carta enviada a la Procuraduría solicitando que se tramite en los juzgados el levantamiento del sigilo bancario, fue remitida al actual procurador el pasado primero de marzo.
“Es indispensable puntualizar que de acuerdo con nuestra Constitución Política y la Ley Orgánica de la Contraloría, existe suficiente fundamento jurídico para solicitar se pongan a disposición de esta institución los informes especiales de auditoría con sus soportes y respectivos papeles de trabajo practicados por la Superintendencia de Bancos, y permita la realización de nuestras auditorías como órgano superior de control”, dice la carta de los contralores al procurador Oscar Herdocia.
La solicitud está fundamentada en el artículo 80 de la Ley de la Contraloría, que establece que esa entidad fiscalizadora puede solicitar el levantamiento del sigilo bancario en las instituciones financieras a través de la Procuraduría de Justicia, la cual tiene que tramitarlo en un juzgado.
“…Solicitamos a usted en su calidad de Procurador General de la República y representante de los intereses del Estado, nos informe del resultado de las acciones ante la autoridad judicial civil competente, solicitada a esa autoridad por el Consejo Superior de la Contraloría… a fin de que la Dirección General de Auditorías de este órgano superior de control proceda a obtener los informes y practicar las auditorías especiales en aras de fiscalizar con toda propiedad los bienes y recursos del Estado”.
Según la carta, firmada por los cinco contralores, no sólo la Junta Liquidadora del Banic se ha amparado en el sigilo bancario para ocultar información, sino también la Junta Liquidadora del Banco de Crédito Popular, la Superintendencia de Bancos (SIB) y el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), donde se han paralizado las auditorías de la Contraloría.
