Félix R. Meléndez [email protected]
Durante el gobierno de Luis Somoza Debayle, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tuvo un desfase en sus finanzas, esto obligó al gobierno a solicitarle a la familia Pellas que les adelantara los impuestos del Ingenio San Antonio. El documento contable en esa oportunidad fue una nota de crédito para ser aplicada al vencimiento de esos impuestos. Se firmó una escritura pública en la cual se cobraba una comisión y el interés del mercado bancario. De esta manera se desvirtuaba por primera vez el objetivo de una nota de crédito.
La comercialización y mega-uso de este instrumento de crédito ha llevado a la cárcel a prominentes ciudadanos. Pero el desconocimiento de cómo opera esta herramienta virtual, ha llevado a la ciudadanía a pronunciarse a favor y en contra de la sentencia que aplicó la Juez.
En este sonado caso han salido a bailar las casas distribuidoras de vehículos, las que aparentemente han sido las más “beneficiadas”.
Es interesante saber que las salas de exhibición y bodegas de las casas distribuidoras de vehículos funcionan como depósitos fiscales (los vehículos están en modalidad in-bond, no han pagado los impuestos y derechos de aduana). Dicho de otra forma, el valor CIF de los vehículos es del distribuidor y el valor de los impuestos y derechos de Aduana es del Fisco, por lo tanto el vehículo tiene dos dueños.
Supongamos que el valor CIF de un vehículo es US$42,000.00 y la utilidad del distribuidor es US$8,000.00, lo que nos da US$50,000.00. También asumamos que la Dirección General de Ingresos necesita 10 vehículos, lo cual implica que debe emitir una nota de crédito por US$500.000.00 a favor del distribuidor de vehículos, y, aceptemos que dicho distribuidor es Minicar, S.A., para ser deducida de futuros impuestos. Aquí surgen las siguientes preguntas: ¿En qué tiempo puede Minicar, S.A. absorber todos estos US$500,000.00 en impuestos? Posiblemente en más de un año. ¿Cuánto es el valor actual de US$500,000.00 pagaderos a un año de plazo y a una tasa de mercado de un 10 por ciento de interés? Indudablemente que menos de US$500,000.00. ¿No cree usted, lector, que la iliquidez de esta empresa sería catastrófica? ¿No cree usted, lector, que esta empresa no podría reponer sus inventarios? No veo el negocio por ningún lado. Al menos para el distribuidor del ejemplo. Si a lo anterior le agregamos que las notas de crédito no devengan intereses (al menos nadie lo ha mencionado en las comercializaciones actuales), la situación es peor.
Pienso que las notas de crédito han sido infladas en su número, en su valor y en su implicancia a personas, instituciones y empresas.
Creo que hay un desconocimiento total de cómo funciona el sistema administrativo del Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República, sus ministerios, entes autónomos y diversas instancias. Si se desconocen las funciones y responsabilidades de un funcionario, cuáles son los pasos que sigue un documento, y su relación o implicancia con un puesto determinado, es muy aventurado culpar a alguien por una anomalía.
En conclusión, en Nicaragua todos sabemos quiénes son los ladrones, pero llegar a ellos a través de una escalera resulta inmoral y demuestra falta de valor de la Procuraduría General de Justicia.
El autor es Auditor y Consultor.
