Francisco Aguirre [email protected]
He pasado la mayoría de las últimas seis semanas en Washington, completando investigaciones para un libro que estoy escribiendo, y me tocó seguir desde esta ciudad el golpe que inicialmente derrocó a Hugo Chávez en Venezuela y el contra-golpe que 36 horas más tarde lo llevó de nuevo al poder.
Venezuela —y, sobre todo, el comportamiento del Gobierno norteamericano y el de los medios de comunicación venezolanos— han despertado todo una polémica en la “capital del mundo”.
El problema surgió cuando la Administración Bush y el Departamento de Estado rehusaron condenar al golpe que forzó Chávez a abandonar el Palacio Miraflores el 12 de abril. Ese día, el vocero de la Casa Blanca se metió en honduras al no condenar los acontecimientos de Caracas, argumentando que lo ocurrido no fue un golpe de Estado. Al mismo tiempo, en Costa Rica, los jefes de Estado latinoamericanos, quienes se encontraban en una Reunión del Grupo de Río, censuraron lo ocurrido en Caracas por ser una violación del orden constitucional de ese país y, por ende, una violación de la Carta Democrática Interamericana.
Esta carta, cuyo objeto es proteger la democracia en las Américas, había contado con el apoyo fuerte estadounidense, y fue aprobada unánimemente en Lima el 11 de septiembre —el mismo día del ataque a las Torres Gemelas— por los cancilleres del hemisferio.
La ironía de esta situación no escapó a algunos de los diarios norteamericanos de mayor prestigio, como el Washington Post y el New York Times. Éstos contrastaron las posiciones contradictorias de la Administración Bush y la de los mandatarios latinoamericanos, y fustigaron al Gobierno estadounidense por su ambivalencia frente a una acción contra un gobierno popularmente electo. Se hablaba en Washington de una política de “democracia a la carta”, en donde los Estados Unidos apoyan sólo a aquellos regímenes democráticos que les agradan y no aquéllos con los cuales tienen problemas, como el de Chávez.
Los políticos demócratas norteamericanos también criticaron a la Administración. El senador Christopher Dodd, de Connecticut, Presidente del Subcomité de Asuntos Latinoamericanos del Senado, fue uno de los que azotaron al Departamento de Estado por la “manera amateur” en que manejaron al golpe venezolano. En quizás su comentario más mordaz, Dodd —quien bloqueó la confirmación por el Senado del Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Otto Reich— notó que el caso venezolano dejó en claro que el Buró Latinoamericano del Departamento de Estado “carecía de supervisión adulta”.
Al otro lado del Atlántico, la connotada revista británica The Economist reprodujo un extenso reportaje del golpe venezolano enfocando el papel que en él jugaron los principales medios. La revista afirmó que éstos le dieron fuego de apoyo al golpe, y que luego sus dueños brindaron en el Palacio Miraflores por su éxito con escocés añejo. The Economist también señaló, en un reportaje del 15 de abril, que estos mismos medios trataron de descarrilar el contra-golpe de Chávez, ocultando del pueblo lo que estaba ocurriendo en los barrios populares y las calles de Caracas. Esta maniobra fracasó, sin embargo, porque la población se enteró del contra-golpe a través de los medios internacionales.
La más reciente ola de críticas suscitadas por el Caso Venezuela ha sacudido a las ONG cuasi gubernamentales que los Estados Unidos han creado para apoyar el proceso democrático alrededor del mundo. Una de éstas, el Instituto Internacional Republicano (conocido como IRI, por sus siglas en inglés) ha sido particularmente atacada por algunos medios estadounidenses. Se dice que el IRI, a través de su oficina en Venezuela, canalizó US$400,000 hacia actividades políticas en ese país, y el día del golpe, George Folsom —su presidente— se precipitó a aplaudirlo. Esta postura, parcializada e injerencista, socavó la credibilidad del IRI y fue repudiada inmediatamente por Carl Gershman, presidente de la Fundación Nacional para la Democracia, institución sin fines de lucro creada por el Congreso, y una de las fuentes principales de financiamiento del IRI. Alegatos de que fondos del IRI fueron utilizados para desestabilizar al régimen de Chávez han creado una controversia para la Administración Bush, y han obligado al Departamento de Estado a iniciar una investigación de este asunto.
El autor es ex Canciller de Nicaragua.
