En su discurso a la nación que dijo el martes de esta semana, el presidente Enrique Bolaños enfatizó en algo que es de todos conocido: que el Poder Judicial está partidizado y que es necesario y urgente despartidizarlo. El primer mandatario repitió su cuestionamiento al sistema judicial diciendo que “algunos fallos judiciales recientes, misteriosamente se han extendido, tal vez injustamente a algunas personas que se perciben inocentes”, y eso lo atribuye, precisamente, a que: “El pueblo entero percibe que el sistema judicial en todos sus niveles, actúa en base a colores partidarios e intereses extraños a la justicia”.
No cabe duda de que es muy difícil esperar que un sistema judicial partidizado genere justicia de manera consistente, lo cual tampoco quiere decir que en ciertos casos no emita algunos fallos condenatorios o absolutorios que se correspondan con los hechos. El problema, sin embargo, es que tal como está organizado ese sistema en la actualidad, hará siempre que sus fallos dejen la sospecha —en algunos, al menos— de haber sido influidos por los líderes de uno u otro de los dos partidos mayoritarios, y eso es lo que el presidente Bolaños parece estar dispuesto a corregir con la oportunidad que brinda el nombramiento de cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para reponer a otros tantos en julio de este año. Pero Bolaños no sólo señaló lo evidente, sino que de manera concreta propuso un mecanismo de “concurso” para la elección de los nuevos magistrados.
Como es sabido, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tienen la facultad de proponer a los candidatos a magistrados, pero sólo a la Asamblea Nacional le corresponde la facultad de elegirlos, y es ahí en donde reside el verdadero peligro. El presidente Enrique Bolaños propuso “un trato” novedoso y deseable cuando dijo: “Abramos un concurso para que se escojan las mejores personas, las más profesionales, las más probas, las más justas, sin partidismos, sin compromisos con nadie, solamente comprometidos con la Justicia y la Patria”. Es una propuesta nunca antes escuchada, que denota un compromiso profundo con la justicia, y que, por ser eminentemente participativa, debería ser bien acogida por la ciudadanía.
El Presidente no precisó en detalle cómo se haría ese concurso, pero el simple hecho de hacer participar a la ciudadanía —tal como lo prevé y posibilita la Constitución Política de la República— incrementa substancialmente las probabilidades de que se escoja a los magistrados bajo los parámetros de capacidad, probidad e imparcialidad señalados por Bolaños.
No hay duda de que Bolaños tiene una gran oportunidad para influir de manera positiva la elección de magistrados que se avecina. El alto grado de simpatía y popularidad de los que disfruta el primer mandatario lo ponen en una posición muy favorable para impedir que un nuevo pacto entre Alemán y Ortega nos obligue a tener que aguantar por cinco años más a cinco magistrados que en vez de estar comprometidos “con la Justicia y la Patria”, estén subordinados a los intereses de sus respectivos partidos. Incluso, ya se conoce que los mandamases del PLC y del Frente Sandinista están negociando acuerdos para escoger a otra tanda de magistrados partidizados. Eso sería fatal, porque como bien dice el presidente Bolaños: “Mientras exista la corrupción y… los magistrados y jueces no respondan solamente al pueblo y a su conciencia, no podremos crear empleos estables ni mejorar el nivel de vida de todos”.
El nombramiento de magistrados honestos y competentes es de suma importancia, porque son ellos quienes a su vez tienen la facultad de nombrar y destituir a los magistrados de los Tribunales de Apelaciones, a los jueces, a los médicos forenses y a los registradores públicos, y si aquéllos no tienen las cualidades deseadas, lo más probable es que sus nombrados tampoco las tengan. Si la cabeza no anda bien, difícilmente el resto del cuerpo podrá funcionar correctamente. Eso lo hemos visto en administraciones anteriores, con mayor claridad en el Poder Ejecutivo, pero sucede igual en el Poder Judicial y en cualquier otro poder del Estado.
La oportunidad que se le presenta al presidente Bolaños y a la ciudadanía de mejorar el sistema judicial no debe desperdiciarse.
