José Adán Silva [email protected]
Los bienes, propiedades y acciones del ex director general de Ingresos, Byron Jerez, y cinco procesados más por delitos de corrupción en perjuicio del Estado nicaragüense, serán intervenidos a favor del Estado nicaragüense para resarcir los posibles daños ocasionados al país por los ahora detenidos ex funcionarios públicos.
Tal medida se dictó ayer en los Juzgados capitalinos a solicitud de la fiscal general adjunta de la República, María Lourdes Bolaños, quien solicitó desde el pasado 10 de mayo estas acciones legales a la juez cuarta Civil de Distrito de Managua, Ruth Chamorro, quien a su vez resolvió mandando prácticamente a confiscar los bienes personales y familiares de Jerez y compañía, ya sea que estén en Nicaragua o en otros países.
Según la notificación del auto, leído por el Secretario de Actuaciones de este Juzgado a la fiscal Bolaños, “como medida cautelar y de conformidad con el artículo 7 de la Ley 11 que reforma el Decreto 579, que regula los delitos de malversación fraude y peculado, del 22 de octubre de 1985 (…). Decrétese la intervención del patrimonio, bienes derechos y acciones propiedad de los señores Byron Jerez Solís, Harvey Mayorga, José Benito Ramírez Mayorga, Esmelda Orozco y Jenny Emilia López, por ser los presuntos autores de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y asociación para delinquir en perjuicio del Estado de Nicaragua”.
Asimismo, se ordenó la ocupación judicial inmediata de inventarios y depósitos de todos los bienes, derechos y acciones propiedad de los intervenidos, que en este caso son los reos que fueron sentenciados con auto de segura y formal prisión en el juicio de las camionetas compradas con notas de crédito de la Dirección General de Ingresos, pero que quedaron en manos de particulares allegados a Jerez.
TUNNERMANN A CARGO
La juez Chamorro también nombró a Carlos Tünnermann como interventor de estos bienes, ya que la ley manda a nombrar en estos casos a “personas de reconocida honorabilidad y responsabilidad”, para que se hagan cargo de las intervenciones hasta que el caso se ventile nuevamente ante los jurados de conciencia.
También se giró el mandato a todos los registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil de Nicaragua, para que eviten inscribir títulos emanados de los intervenidos.
Del mismo modo, la juez Chamorro ordenó que se anotaran tales bienes documentados de manera preventiva en los asientos registrales, mientras no se dicte condena. Las órdenes leídas a Bolaños dicen que con esta intervención también se deben ocupar libros de cuentas, papeles y documentos de los intervenidos.
“Prohíbase a terceras personas naturales y jurídicas de hacer pagos y entregas de efectos a los intervenidos, sus representantes o apoderados, y prevéngase a todas las personas que tengan bienes de los intervenidos… que dentro del término de 15 días hagan manifestación y entrega de ello”, o en caso contrario podrían enfrentar la justicia, según lo dicho por la juez Chamorro.
Para que se haga efectiva esta medida judicial, la fiscal Bolaños tendrá que mandarlo a publicar como decreto en La Gaceta, Diario Oficial, y en un diario de circulación nacional.
FISCALÍA SATISFECHA
Ante la resolución de la juez Ruth Chamorro, la fiscal general adjunta Lourdes Bolaños se mostró feliz y hasta dijo sentirse “satisfecha” por la medida judicial.
Bolaños llamó a la ciudadanía a denunciar en un término de 15 días, las propiedades que ellos sepan sean de Jerez y los otros procesados, ante la juez Ruth Chamorro.
“Esperamos que la sociedad civil se pronuncie sobre bienes… tienen 15 días para hacer un listado exacto de todos sus bienes adentro y fuera del país, esto es suficiente mandato para que también digan lo que tienen fuera del país, y esto arrastra patrimonios de los que dependen de ellos”, dijo Bolaños.
Para iniciar dijo que pedirán intervención de todas las camionetas recuperadas como evidencia por la Policía Nacional, los certificados bancarios, el efectivo encontrado en los cateos y otras cosas. “Hay muchas cosas donde ya se puede recaer”, expresó la Fiscal General Adjunta.
La Fiscal Adjunta no pudo cuantificar los bienes de los intervenidos, pero aun así piensa no son suficientes para resarcir el daño provocado por la corrupción al país. “No creo que eso sea suficiente para el daño causado a Nicaragua”.
