Cuando apenas se estaba distribuyendo —poco antes de las 6 de la mañana del lunes 13 de mayo— la edición de LA PRENSA en la que publicamos un reportaje (“Nicaragua puntea en mayor seguridad”, página 8B), acerca de que nuestro país es el más seguro de Centroamérica, el Inspector General de la Policía Nacional, comisionado general Christian Munguía, era asesinado en una calle de Managua, durante una acción que según las pesquisas policiales fue un común asalto a mano armada.
Pero la muerte violenta del comisionado Munguía no modifica las estadísticas, y por lo tanto no cambia el planteamiento de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. En realidad, el mortal asalto a mano armada que sufrió el Inspector General de la Policía, el lunes recién pasado, le pudo haber sucedido a cualquier otra persona, como de hecho sucede con frecuencia en Managua, aunque sea en menor cantidad que en los otros países centroamericanos.
Ahora bien, el hecho de que las estadísticas demuestren que en los otros países centroamericanos hay más criminalidad que en Nicaragua, no nos puede llevar a desconocer la realidad de que la delincuencia armada se está incrementando, y que es imperativo tomar medidas efectivas para prevenirla, reducirla y castigarla, comenzando con el decomiso de la enorme cantidad de armas de fuego que están en manos de civiles, y a lo cual nos referimos en esta misma columna editorial, el recién pasado sábado 11 de mayo.
Como es bien sabido, el primer deber del Estado es defender la vida, la libertad, la salud, el patrimonio y la seguridad de sus habitantes. A ese fin el gobierno tiene la obligación de mejorar su capacidad de garantizar la seguridad pública, pues como se ha comprobado muchas veces y ahora con la muerte violenta del comisionado Munguía, no sólo los ciudadanos comunes y corrientes sufren cotidianamente por el incremento de la delincuencia armada, sino también los policías, inclusive del más alto nivel.
Por otro lado, es comprensible la indignación de los mandos y miembros de la Policía Nacional, por la muerte violenta de uno de sus jefes más antiguos y prestigiosos. Pero eso no justifica que, en la búsqueda de los homicidas, la Policía viole sus propios procedimientos legales, que atropelle los derechos constitucionales y humanos de las personas consideradas indiscriminadamente como sospechosas, y que sustituya arbitrariamente el principio de inocencia por la presunción de culpabilidad. En cierto modo esto, significa volver a los tiempos del tenebroso Ministerio del Interior, cuando a todo mundo se le consideraba culpable mientras no demostrara su inocencia. Y es incomprensible que organismos de Derechos Humanos y personas democráticas justifiquen, por la razón que sea, el atropello a los principios constitucionales y las garantías individuales que son comunes a todos los nicaragüenses.
El domicilio sólo puede ser allanado por orden escrita de juez competente, salvo en persecución actual e inmediata de un delincuente, dice la Constitución(artículo 26), y como la misma Policía tuvo que admitirlo, sólo ocho de los centenares de detenidos en las redadas del lunes pasado están supuestamente involucrados en el asalto mortal contra el comisionado Munguía.
Probablemente, la mayoría de las personal que cayeron durante las redadas masivas e indiscriminadas eran antisociales. Además, durante esas incursiones, las autoridades de Policía encontraron diversas evidencias de actividad criminal. Pero también es seguro que muchas personas inocentes fueron arrestadas y atropellados sus derechos civiles, constitucionales y humanos.
Lo cierto es que aun ante el asesinato de uno de sus jefes, los policías deben actuar conforme al principio de adecuación de los medios a emplear en cada caso —es decir, de proporcionalidad, gradualidad y racionalidad—, así como respetar los derechos de las personas que constituyen el objeto de la acción policial, y no afectar a inocentes.
Los alardes de fuerza y la represión indiscriminada violan la legalidad institucional y atropellan los derechos constitucionales y humanos de los reprimidos. Y además, dañan la relación de confianza de la misma Policía con la sociedad, que es absolutamente indispensable para cumplir la delicada y noble misión de salvaguardar el orden público y proteger la libertad, la vida, la integridad física y el patrimonio de todos, absolutamente todos los ciudadanos.
