- Representante de sociedad civil pide mediación a CENIDH y gobierno
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Una representante de la sociedad civil de Puerto Cabezas, demandó la intervención del gobierno del presidente Enrique Bolaños para evitar que corra la sangre en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), ante las contradicciones surgidas entre la población por la elección de las nuevas autoridades del gobierno regional.
La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) se enfrenta a un conflicto político, luego que los magistrados liberales del Consejo Supremo Electoral (CSE), encabezados por Roberto Rivas, desconocieran la Junta Directiva electa por los concejales sandinistas y de Yátama.
La situación continúa tensa, pues los concejales liberales, que no estuvieron presentes en la elección de la nueva Junta Directiva, amenazaron con devolver el contragolpe, alegando que si sus colegas sandinistas y de Yátama tienen control sobre Puerto Cabezas, ellos poseen dominio en Siuna.
Advirtieron de tomas de carreteras y bloqueo de acceso a la RAAN, para obligar a dimitir a la recién electa Junta Directiva.
Altha Hooker, representante de la sociedad civil de la RAAN, denunció que esa situación política podría derivar en un derramamiento de sangre, entre la población inconforme por la acción del CSE.
Hooker solicitó apoyo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y también pidió la intervención directa del presidente Enrique Bolaños.
En días anteriores, Carlos Hurtado y Miguel Ángel Casco estuvieron en Bilwi en representación del mandatario, sin embargo, la mediación de ambos delegados falló.
DOS OPCIONES: POLÍTICA Y JURÍDICA
Gonzalo Carrión, abogado del CENIDH, dijo que esa organización ya había advertido sobre esta situación que, en su opinión, tiene dos salidas: una política y otra jurídica.
Explicó que la primera opción está en manos de los partidos políticos que tendrían que ponerse de acuerdo: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el indígena Yátama, y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Entre el FSLN y Yátama hay una alianza que los hace mayoría en el Consejo Regional, con 27 votos, y el PLC con 21 concejales.
Mientras que la salida jurídica, las partes en conflicto tendrían que recurrir de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, sostuvo.
Carrión expuso que el régimen de Autonomía se violentó, luego que el CSE validara el reglamento especial que permite la elección de la Junta Directiva por “mayoría calificada”, que favorecía los intereses del PLC.
