Los obispos católicos dieron a conocer un comunicado sobre los medios de comunicación de Nicaragua —que publicamos íntegramente hoy en nuestra Página de Opinión—, con motivo de la XXXVI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
En dicho comunicado dicen los obispos que “…la corrupción es un mal moral que debe ser combatido con sinceridad e imparcialidad, ya que así como no se justifican —éticamente— ni el homicidio, ni los asaltos sexuales, ni el robo, del mismo modo no se puede justificar ni la más pequeña de las acciones corruptas”. Al parecer, los prelados se refieren a que igual que se está combatiendo la corrupción que hubo en el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán, lo mismo se debería hacer con la corrupción de los otros gobiernos anteriores. Y al mencionar “injustificables asaltos sexuales”, es obvio que los obispos aluden a la acusación de Zoilamérica Narváez contra el líder del FSLN, Daniel Ortega.
Tienen razón los obispos. Y en lo que respecta a la LA PRENSA, a ellos les consta que combatió tenazmente contra las dictaduras somocista y sandinista, de la misma manera que denunció la corrupción del régimen alemancista, y ahora denuncia la impunidad en que quedaron muchos criminales y corruptos debido a las componendas políticas y los contubernios partidistas.
Por otro lado, nos adherimos a lo dicho por los obispos de que es doctrina obligada en cualquier situación “informar en la verdad y servir a la opinión pública sin deformarla”; y compartimos su sentimiento de que “el cristiano no debe tener miedo de anunciar la verdad, convencidos de que la necesidad más esencial del hombre es saciar el hambre de la verdad en la caridad, y que la peor forma de corrupción es el engaño, que aprisiona la verdad y la justicia, impidiéndole el conocimiento de la realidad tal como es”.
Precisamente porque tenemos la firme convicción de que la verdad nos hace libres y de que la peor forma de corrupción es el engaño, como dicen correctamente los obispos, es que siempre informamos verazmente y nunca ocultamos la verdad, aunque ésta afecte a personas prominentes de la sociedad, de la clase política o del estamento religioso.
Nadie puede acusarnos con pruebas de que inventamos deliberadamente lo que publicamos. Todo lo que informamos sobre cualquier asunto de interés público, incluyendo la corrupción, es lo que ocurre en la realidad, lo que se ventila en los Juzgados, lo que declaran los jueces, procuradores y fiscales, los resultados bien documentados de nuestras propias investigaciones. Tal como lo precisó ayer nuestro director, Jaime Chamorro: “Si LA PRENSA conoció de una lista que es parte de un juicio público, en un tribunal público, en la que un obispo fue beneficiado con un vehículo, estamos obligados a informarlo. Ellos mismos dicen que el cristiano no debe tener miedo de informar la verdad, y eso es lo que hemos hecho con toda corrección”.
En todo caso, no es por culpa de los medios de comunicación que algunos jerarcas católicos son mencionados en los procesos contra la corrupción que se ventilan en los Juzgados. Y lo que avasalla a los nicaragüense no es la información sobre la corrupción, sino la corrupción misma. Lo sensacionalista no es el titular de los diarios, sino la gigantesca corrupción que hubo en el gobierno anterior, sin precedente en la historia nacional. La “manipulación dominante” de que hablan los obispos, la practicaríamos si ocultáramos la verdad, si justificáramos la corrupción por la razón o motivo que fuese, y si dejáramos de informar sobre los procesos públicos que la justicia está siguiendo a algunos acusados de corrupción, sólo porque aparece mencionado o involucrado directa o indirectamente algún clérigo u obispo.
Somos libres porque podemos decir la verdad. Cualquier forma de censura o de autocensura favorece el abuso de poder y la corrupción. La libertad de expresión es la primordial garantía de la democracia y del Estado de Derecho, aunque éste se encuentre deformado por la corrupción, como es el caso de Nicaragua. Y si la libertad de información desaparece, se coarta o censura, o si se le intimida por cualquier medio —inclusive comunicados episcopales—, se eliminan o debilitan los frenos efectivos a la corrupción y la arbitrariedad.
