Eduardo Enrí[email protected]
Desde el nueve de enero, los diputados no han hecho otra cosa que tomar acciones concretas o amagos en contra de la lucha de quienes se oponen a la corrupción, una lucha que tiene el apoyo unánime de los nicaragüenses. Eso se dice fácil, pero es la primera vez que nos ponemos de acuerdo en algo todos los ciudadanos.
Me explico: Todos estamos a favor de la lucha contra la corrupción. Todos, menos esos diputados, cinco contralores, un fiscal, 16 magistrados de la Corte Suprema y siete magistrados del Consejo Supremo Electoral. Parece increíble que 121 personas tengan, o pretendan tener de rehenes las aspiraciones del resto de los cinco millones de habitantes de este país.
Y la Asamblea Nacional es el andamiaje sobre el que este grupo de individuos se sostiene. Sería muy fácil deshacer todos los entuertos que el Pacto nos dejó en las otras instituciones y poderes del Estado, si los diputados, o al menos un número mayoritario de ellos, decidieran ponerse en sintonía con el resto de los nicaragüenses en la lucha contra la corrupción, pero muy por el contrario, más bien se han dedicado a bloquear todas las iniciativas a favor de esa lucha y a tratar, en contubernio con los otros poderes pactistas, de decapitar a quienes están poniendo a los ladrones en la cárcel.
91 de los 92 diputados del Parlamento están sentados en sus curules hoy, porque un asombroso 94 por ciento de los nicaragüenses en edad de votar decidió ponerlos allí el pasado 4 de noviembre. Esos señores tomaron posesión revestidos de una gran legitimidad. El pueblo los quería en la Asamblea. El que sobra ya sabemos que está allí producto de un nefasto pacto con Daniel Ortega.
Pero esa legitimidad no es un cheque en blanco. Es cierto que nuestro sistema democrático es tan deficiente que cuando los encaramamos en esas sillas también les entregamos la llave de la única puerta por donde podrían salir institucionalmente, pues sólo ellos pueden convocar a un referéndum o a un plebiscito, pero eso no quiere decir que no hay otra manera de sacarlos.
Por eso hay que preguntarse: ¿es elástica la legitimidad? ¿Hasta dónde la pueden estirar los diputados sin que se rompa?
Para mí, están jugando con fuego. Esa legitimidad con que ellos llegaron a la Asamblea la pueden estirar, pero tiene un límite. Los diputados responsables, o por lo menos los que todavía no tienen fama de sinvergüenzas, deberían reflexionar sobre el papel que están jugando y pensar si vale la pena poner en riesgo todo por proteger a dos caudillos corruptos.
Estoy claro de que muchos no tienen otra opción que morir con sus caudillos, pues el día que éstos se hundan ellos también se hundirán, pero me gustaría pensar que no todos son de esa calaña, y que, por último, por sentido común y conveniencia, pueden reaccionar.
Deben tomar en cuenta una cosa. Hoy los nicaragüenses no son los mismos de hace dos años. En 2000 había un sentimiento profundo de frustración e impotencia. Hoy los nicaragüenses ya olieron la sangre, ya saben que un corrupto no sólo puede dar, sino que realmente dio con sus huesos en la cárcel.
Saben que la corrupción, ese cáncer que los ha mantenido en el mayor pauperismo por siglos, puede ser extirpada. Un grupo de diputados no va a poder arrebatarle a cinco millones de personas lo que ya han podido saborear.
