El escandaloso caso de las armas que la Policía Nacional vendió a la institución policial de Panamá en una oscura operación de trueque, y que supuestamente fueron a parar a manos de terroristas de Colombia, ha motivado de nuevo el interés en una ley para controlar el tráfico, venta y posesión de armas en general, y de armamento pequeño en particular, en el interior del país e internacionalmente.
En Nicaragua, como en todos los países que han estado envueltos en guerras civiles y conflictos armados de cualquier naturaleza política, hay en manos de personas civiles una inmensa cantidad de armas pequeñas, e inclusive de guerra, que incrementan la delincuencia armada, producen más violencia mortífera y alimentan el tráfico de armas dentro y fuera del país.
En realidad, los revólveres, pistolas, fusiles y escopetas son tan mortales como las minas y las armas de guerra. Se sabe que en Nicaragua hay decenas de miles de armas en poder de civiles y fuera del control de las autoridades, así como en el mundo existen unas 500 millones de piezas de armamento personal y liviano en esas mismas condiciones, o sea, que una de cada doce personas en la Tierra posee y porta uno de esos artefactos mortales.
Para los interesados, es relativamente fácil adquirir armas pequeñas. En algunos lugares se pueden comprar inclusive fusiles de asalto AK-47 por sólo 15 dólares cada uno. Además, esas armas son fáciles de usar, requieren un mínimo mantenimiento, son muy duraderas, se pueden ocultar y transportar sin mayor dificultad, y con un fácil entrenamiento hasta los niños pueden empuñarlas. Es cierto que la mayor parte de las armas pequeñas están controladas legalmente, pero en algunos países —como Nicaragua— a menudo caen en manos de criminales y traficantes que las venden a terroristas, y de esa manera sirven para exacerbar los conflictos, socavar el orden legal y fomentar una subcultura de violencia e impunidad. De manera que tanto las armas pequeñas como las grandes constituyen una grave amenaza para la paz, el desarrollo, la democracia y los Derechos Humanos.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos directos e indirectos del daño que ocasiona el uso de las armas pequeñas, en América Latina, es de 140 a 170 mil millones de dólares por año. Pero el peor daño que causan es la mortandad, pues según investigaciones de organismos independientes matan a unas mil personas cada día.
El año pasado la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebró una conferencia especial, para discutir el grave problema internacional de las armas pequeñas y el armamento liviano en manos de civiles y fuerzas irregulares. En esa conferencia se recomendó tomar medidas, no para quitar los revólveres y escopetas a sus dueños legales que los usan para protegerse de maleantes o con fines deportivos, sino para actuar contra los comerciantes de armas inescrupulosos, los funcionarios corruptos, los narcotraficantes, los terroristas y otras escorias humanas que llevan la muerte a las calles, escuelas y pueblos en todo el mundo.
Sin duda que se necesitan leyes y acciones más efectivas para controlar la posesión de armas pequeñas y evitar que sigan causando dolorosos daños. Así como hay normas internacionales para la no proliferación nuclear y el control de armas químicas, biológicas y minas de tierra antipersonales, también debería haber disposiciones legales, y aplicarlas de manera rigurosa para eliminar el comercio ilícito de armas livianas. Por ejemplo, una de las recomendaciones que hizo la mencionada conferencia de la ONU es que los fabricantes marquen claramente las armas, para facilitar su rastreo, y que las vendan sólo por medio de comerciantes registrados.
Se dice, con razón, que así como se gastan centenares de miles de millones de dólares en financiar las guerras también se debería invertir cuantiosos recursos en las tareas de control de las armas pequeñas, cuyo uso sin dudas es menos dramático que los conflictos bélicos, pero que en fin de cuentas es igualmente perjudicial para los Derechos Humanos y la convivencia pacífica.
Aquí todavía no se ha redactado el proyecto de ley para controlar el comercio y la posesión de armas. Pero por las razones apuntadas debería hacerse lo más pronto posible.
