- Judicial advierte que habrá otra subasta si edil no cancela indemnización a dos despedidos más
Adolfo Olivas OlivasCORRESPONSAL/[email protected]
Ante la negativa del alcalde de Pueblo Nuevo de cancelar indemnizaciones y prestaciones sociales a un grupo de trabajadores despedidos, la juez de Distrito de lo Civil de Estelí, Mercedes Jirón, subastó varios bienes de esa municipalidad para satisfacer las exigencias de los demandantes.
La “subasta al martillo” tuvo lugar en la sala principal del Juzgado de Distrito de lo Civil de Estelí, y ante la ausencia de postores, los bienes serán adjudicados a los trabajadores demandantes, Reinaldo Gámez Camas, Juana Olivas Flores y Mirta Rizo Zeledón.
Entre los bienes subastados se encuentran dos camionetas doble cabina, marca Toyota, tres computadoras con sus accesorios, incluyendo impresoras, así como una fotocopiadora, un televisor con su VHS y una encolochadora.
REMATE PARA PAGAR DEUDA
Con la subasta de estos haberes se saldará una deuda de 8,968 dólares con los tres empleados despedidos, más la tercera parte de esa cantidad, para las costas del juicio laboral.
En la subasta se notó la ausencia del alcalde de Pueblo Nuevo, Nicolás Rosales Morales, quien ha calificado de “ilegal e irresponsable” el juicio contra la Alcaldía de esa localidad.
La Juez de Distrito de lo Civil, doctora Mercedes Jirón, dijo que las declaraciones del alcalde Rosales Morales, son “irrespetuosas para esta autoridad”, por cuanto el edil de Pueblo Nuevo nunca se presentó a juicio y que por ello se le declaró en rebeldía.
Rosales Morales, alega que los “bienes de las Alcaldías son inembargables, y que las sentencias emitidas por la juez Jirón son “irresponsables”.
La doctora Jirón subrayó que solamente los bienes de uso social están protegidos contra el embargo, pero que éste no era el caso de la Alcaldía de Pueblo Nuevo.
Los bienes subastados serán entregados a los demandantes, en los próximos tres días , mediante escrituras públicas.
FALTA OTRA SUBASTA
Otros dos trabajadores, entre ellos Aarón Aguilera, ex director de un proyecto de protección ambiental, también mantiene un embargo sobre otros bienes de la Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.
La juez Jirón, advirtió que si el alcalde no cancela las prestaciones sociales e indemnizaciones a los dos trabajadores restantes, habrá una segunda subasta.
El problema de la Alcaldía de Pueblo Nuevo se originó, cuando el alcalde del PLC, Nicolás Rosales Morales, tomó posesión de su cargo en enero de 2001, y despidió a varios empleados tildados de sandinistas, sin medir las consecuencias económicas que representaría para la municipalidad.
Las demandas laborales ascendían a casi medio millón de córdobas, de los cuales la Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo ha desembolsado 230 mil córdobas.
