Los directivos y miembros del Cosep, así como cualquier persona particular, tienen derecho a cuestionar públicamente las sentencias de los jueces, inclusive la que dictó la juez Juana Méndez en el caso de Byron Jerez y compañía. El hecho de que la Constitución establezca (artículo 167) que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento, no significa que los particulares pierdan el derecho a la libre expresión y que no puedan criticar las decisiones de los jueces. Son los miembros y representantes de los otros poderes del Estado quienes no deben cuestionar públicamente las decisiones del Poder Judicial, y sólo pueden proceder contra ellas por las vías legales establecidas. Pero los particulares son libres de estar de acuerdo o no con dichas resoluciones, y de expresarlo públicamente.
Lo incorrecto es que los representantes del sector privado pretendan que no se toque judicialmente a empresarios que aparecen vinculados directa o indirectamente —ya sea por negligencia, errores, omisión o complicidad— en los procesos por actos de corrupción, y cuya culpabilidad o inocencia es a la justicia a la que corresponde determinar.
El fenómeno de la corrupción ha invadido a toda la sociedad. Por tanto, nadie debería sorprenderse porque en los procesos judiciales contra los corruptos aparecen involucradas, pringadas o simplemente mencionadas algunas personas particulares, miembros del sector privado, policial, militar, e inclusive religioso. En realidad, no es difícil comprender que el tráfico con notas de crédito de la DGI, los checazos, el fraude en el Canal 6, el abuso con las vaquillas del IDR para la repoblación ganadera, las exoneraciones ilegales para introducir vehículos de lujo y de cualquier otra clase, la venta o trueque de armas que van a parar a manos de terroristas extranjeros, etc., no se pudieron haber hecho sin funcionarios gubernamentales y empresarios o ejecutivos privados que participaran de manera directa y/o indirecta en tales “negocios”.
La asociación de empresarios privados y banqueros con funcionarios gubernamentales, para hacer negocios fáciles y no necesariamente lícitos, se da prácticamente en todas partes del mundo. En Estados Unidos de Norteamérica (el caso Enron aún está fresco) le llaman “capitalismo de compadrazgo”; en Japón, “keiretsu”; en Corea del Sur, “chaebol”; en Rusia pos comunista, “semibankirshchina”. La diferencia radica en que en unos países cualquier forma de corrupción en el sector privado se denuncia igual que la del sector público, y en algunos casos se castiga de modo severo, mientras que en Nicaragua esa connivencia se trata de encubrir por todos los medios posibles.
Al respecto, el académico Rudi Dornbusch, titular de la “Cátedra Ford” del Instituto Tecnológico de Massachussets y ex asesor del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, advierte que: “Para funcionar y mantener su aceptabilidad social, el capitalismo debe ser lo más limpio posible. El capitalismo es un fideicomiso público; funciona si todos tienen una oportunidad justa y los robos empresariales reciben castigos muy visibles. La única manera en que el capitalismo puede hacerse aceptar y respetar, y, por tanto, dar crecimiento y prosperidad, es practicar el exorcismo ritual de encarcelar a los gerentes, reguladores y políticos corruptos”.
Lo que dice Dornbusch es correcto y es lo que se debe hacer en Nicaragua. Sin embargo, apenas han salido a luz ciertas vinculaciones —no necesariamente complicidad— de algunos empresarios y ejecutivos del sector privado en los procesos contra ex funcionarios públicos, presuntamente corruptos, y ya se está presionando al Gobierno y a los medios de comunicación para que no sigan ahondando la lucha contra la corrupción, se quita al procurador penal que ha venido haciendo bien las cosas, se argumenta que seguir sacando hechos de corrupción favorece políticamente a los sandinistas, y, en fin, se pretende que una vez más haya “borrón y cuenta nueva” y que se deje tranquilo a los corruptos de ahora, igual que quedaron en paz e impunidad los corruptos de ayer.
No podemos saber si el presidente Enrique Bolaños cederá a esas presiones y dejará a medias la lucha contra la corrupción. De lo que estamos seguros es que nosotros no vamos a ceder, pues traicionaríamos nuestro compromiso con la verdad y la justicia y perderíamos nuestra misma razón de ser.
