- Dos trabajadores ejecutan demanda laboral en reclamo de pago de la liquidación
Alina Larío L.CORRESPONSAL /[email protected]
El juez Local Único de Ocotal, Mario Barberena Rodríguez, ordenó el embargo de una camioneta propiedad del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agrícola (INTA), que responda al pago de prestaciones sociales e indemnización a favor de los ex trabajadores Rosalina Agurcia Vílchez y Jorge González Tórrez, despedidos hace seis meses por esa institución.
La cédula judicial ordena el pago de 6,216 córdobas a Rosalina Agurcia y 8,448 córdobas a Jorge González, más la tercera parte por costos judiciales de ambos demandantes.
“No queríamos llegar a esto, pero nos vemos obligados a hacerlo”, sostuvo Rosalina Agurcia, al momento de personarse en las oficinas del INTA durante el embargo de una camioneta de tina asignada al director de esa institución en Ocotal, Carlos Marín, después de cumplirse el plazo de pago contemplado en la sentencia judicial.
DEMANDADOS INCUMPLIERON
El abogado Ramón Matute, defensor de los demandantes, dijo que Marín fue citado en varias ocasiones para que como representante del INTA respondiera en el juicio laboral que se ventila en el Juzgado Único Local, pero se limitó a enviar a la secretaria de la institución, por lo que fue declarado en “rebeldía” por el juez.
Añadió que a Marín se le notificó de todo lo actuado en el juicio a través de la tabla de avisos del Juzgado. Dictada la sentencia, el juez libró una ejecutoria o certificado que se encuentra en manos de los demandantes, pero a pesar de que se le notificó que pagara en un término de tres días a los ex empleados las cantidades que se especifican, el INTA no lo hizo efectivo.
INTA RESPONDE
Carlos Marín, Director del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agrícola (INTA), en Ocotal, dijo que en lo personal no tiene nada que ver con la demanda laboral, “porque eso lo arregla el director administrativo de la oficina regional. “No tengo por qué estar metido en este problema”, respondió ante el abogado de los demandantes.
El abogado reveló que sostuvo conversaciones con el administrador nacional del INTA, quien se mostró anuente a pagar las prestaciones e indemnización a los despedidos, pero no la cantidad especificada ni en el tiempo señalado por el juez, “cayendo de esta manera en desacato”.
El juez dará un plazo de dos meses, aproximadamente, para que el INTA pague sus prestaciones a los dos ex empleados de la institución, de lo contrario procederá a la subasta de la camioneta.
