Gerardo Rodríguez Olivas*
Hasta hace no más de ocho semanas, cualquier sondeo de opinión que incluyera al Poder Judicial colocaba a este sistema, con índices muy desfavorables en cuanto a su desempeño. Al sistema se le ha acusado de partidización, tráfico de influencias, venalidad, retardación de justicia e incapacidad para resolver con justicia, todos aquellos casos en que se veían involucrados altos funcionarios del gobierno anterior o personas influyentes del país.
Sin embargo, este estado de cosas y producto de diversas circunstancias, comienza a mostrar signos diferentes, al producirse el fallo de sobreseimiento, a favor de personas acusadas por traficar ilegalmente con medicinas. En el primer aldabonazo, la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia emite una Resolución en la cual manda a suspender a la juez que conoció de tal causa.
La segunda clarinada del Poder Judicial provino de la propia Corte Suprema de Justicia, al ordenar la separación del cargo, a la Juez de Distrito Civil de Rivas y de una Juez suplente de ese departamento, por irregularidades cometidas en el desalojo de familias campesinas en la Isla de Ometepe y que había culminado en forma sangrienta.
Este anuncio, inadvertido quizás, continuó con el espectacular y a lo mejor inesperado fallo de la juez Arias, que, contrario a lo que venía ocurriendo en el Poder Judicial, sacudió los cimientos de la sociedad, al mandar a la cárcel a personas vinculadas con el anterior gobierno. En este caso, conocido como “el Canal Seis”, se debe reconocer, la destacada y decidida participación de la Procuraduría General de Justicia a través del notable jurista, Dr. Alberto Novoa.
Pretendiendo revertir el fallo, el presidente de la Asamblea, presenta Recurso de Amparo en la Sala Civil No. Uno (que los medios de comunicación calificaron de “liberal”). Sin embargo, los resultados le fueron adversos, al decidir la Sala, que no cabía la tramitación del Recurso. Mientras tanto, dándole continuidad a la causa iniciada meses atrás, la Juez Segundo de Distrito del Crimen, dicta auto de prisión, en contra de varios procesados, por el escándalo de la quiebra de Interbank. La ciudadanía comienza a percibir que el desbroce es parejo.
Sin tregua alguna, al declararse perseguido y amenazado por la Policía y la Procuraduría, el señor Byron Jerez, e introducir ante la Sala Penal No. Uno del Tribunal de Apelaciones, Recurso de Exhibición Personal, esta Sala le declara sin lugar su Recurso. Una segunda tunda le propina el Poder Judicial al señor Jerez, al, aparentemente (no se ha publicado la sentencia), declararle sin lugar el Recurso de Amparo que había introducido contra la Contraloría, por la presunción de responsabilidad administrativa y penal que ésta había decretado en su contra, y con el cual había logrado paralizar la causa penal que se seguía en su contra en el Juzgado Cuarto del Crimen.
Al momento de escribir estas notas, el último fallo de relevancia que se conoce, es el dictado por la Corte Suprema, Sala Penal, al declarar la nulidad del proceso judicial seguido en el Tribunal de Apelaciones de Managua (Sala Penal No. Dos), y que había culminado en esta segunda instancia, en una revocatoria del auto de prisión en contra de dos altos funcionarios del gobierno anterior.
Como puede apreciar amigo(a) lector(a), 8 resoluciones en menos de dos meses, devolviéndole a los nicaragüenses el aliento y la confianza, de que la justicia puede funcionar eficazmente, cuando la voluntad política, social y la entereza del judicial se conjugan, es decir, cuando las fuerzas políticas, sociales y la identidad personal del juzgador se someten a la regla del “bateo libre”, es decir, a una justicia, libre de “presiones, halagos y amenazas” y en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley. No son azarosos por tanto, los resultados de la encuesta publicada en LA PRENSA, el 28 de abril, entre los cuales destaca que un 42 por ciento de los encuestados considera que el sistema judicial está funcionando mejor.
Quedan en el tintero, importantes procesos: el recurso de hecho del Dr. Alemán ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, el juicio del señor Jerez y demás procesados, una cantidad no despreciable de recursos de Amparo de funcionarios del anterior gobierno, contra la Contraloría General de la República, que pondrán a prueba hasta donde el sistema se va a fortalecer o debilitar.
¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ese cambio de percepción? Nuestras primeras e incipientes elucubraciones, nos conducen a señalar varios factores de relevante importancia: un ejecutivo, a través de la Procuraduría empeñado en no dejar dudas de su lucha contra la corrupción, jueces y magistrados asumiendo con entereza su rol, la opinión pública expresada a través de los medios de comunicación, denodadamente exigiendo castigo para los que la miseria de muchos les resultaba geométricamente proporcional para sus ambiciones, la comunidad internacional exigiendo que los impuestos de sus conciudadanos llegarán a nuestras “favelas”, o “chabolas” y no fueran a parar a Miami, entre otros. Por supuesto que la tarea no ha concluido, ni mucho menos, pues ya se anuncian cambios importantes al sistema judicial, dentro de la coyuntura de la elección de nuevos magistrados de la Suprema Corte. Moraleja: moralmente no todo estaba perdido y el miedo dejó de ser nuestro supremo consejero.
* Magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua.
