- Promueven ley que suspenda a los jurados de conciencia en casos de violación sexual a menores.
Alina Lorío LiraSilvia Gonzá[email protected]
Un movimiento de mujeres ocotalianas amparadas en la figura de la Fundación de Desarrollo de la Mujer y la Niñez “Blanca Arauz” (Fundemuni), solicitarán formalmente ante la Asamblea Nacional una reforma a la Ley en lo referido a los Jurados de Conciencia en los casos de violación sexual a niñas y niños.
La iniciativa consiste en que el delito de violación sexual a menores sea visto por la Ley de la misma manera que los delitos relacionados con droga, en el sentido que el Juez sea el único que dictamine la culpabilidad, inocencia y pena sin pasar por el Honorable Jurado de Conciencia.
Argumentan que los Jurados de Conciencia son “personas comunes y corrientes dominadas por un Estado diseñado de tal manera que la primacía la tienen los hombres y los adultos, pero que además los cambian cada año, que median un sinnúmero de asuntos sicológicos afectivos que terminan declarando inocente al violador”.
Haydée Castillo Flores, líder del movimiento de mujeres que encabeza la iniciativa, dijo que en la Fundemuni han analizado algunos términos de Ley e iniciaron conversaciones con algunas autoridades para proponer una iniciativa de Ley que cumpla con todos los requisitos y llevarla ante la Asamblea Nacional con el consenso y respaldo posible de otros organismos locales y nacionales.
En su opinión, la sociedad debe asumir la iniciativa como una propuesta colectiva considerando que las consecuencias del delito de violación conmueven y perturban “a toda la sociedad nicaragüense de que cada vez existe más impunidad y violadores en la calle”.
CREENCIAS CULTURALES PREVALECEN
Señaló que la sociedad nicaragüense tiene la concepción de que los delitos de violencia sexual e intrafamiliar, ocurridos en el ámbito familiar, son problemas que deben resolverse en privacidad.
Castillo manifestó que como movimiento de mujeres han enfrentado dificultades para que la víctima denuncie ante las autoridades el hecho, debido a que generalmente están implicados familiares cercanos o conocidos.
La lideresa considera que cuando un caso de violación llega al Poder Judicial, durante todo el proceso de indagación la niña o niño debería ser acompañado por un psicólogo “que ayude a enfrentar lo traumático que resulta”.
Consideró que las Comisarías de la Mujer, adscritas a la Policía Nacional, han avanzado bastante tratando de aportar todas las pruebas necesarias para que el Poder Judicial determine culpabilidad en el acusado.
Sin embargo, aunque haya suficientes elementos, el Jurado de Conciencia “bota en un minuto todo lo actuado cuando declara inocente al hechor”, lamentó.
AFECTADOS ACOGEN INICIATIVAS
El veredicto absolutorio a favor del procesado Heberto Rodríguez, señalado de violar a su hija de apenas 10 años, el pasado 13 de abril, dictado por un jurado de conciencia en Jinotega, sacudió a la opinión pública y especialmente a las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.
-La madre de la niña ultrajada, quien interpuso una solicitud de nulidad del veredicto, dijo estar completamente de acuerdo con la iniciativa de las mujeres ocotalianas, sobre promover una ley que deje fuera a los jurados de conciencia en los casos de violación a menores.
-Indicó que lo ideal es que no sea un jurado de conciencia el que determine la inocencia o culpabilidad de una persona implicada en un caso de delito sexual.
-Señaló que en su caso concreto, el jurado de conciencia omitió el procedimiento de levantar un acta. “Sería mejor que recayera en el Juez la responsabilidad de examinar la causa y no un jurado”, opinó la adolorida madre, quien aseguró que en el proceso hubo pruebas suficientes que demuestran que Rodríguez abusó de la menor, y sin embargo, el jurado lo declaró inocente.
-En este caso se pronunció el Procurador de la Niñez, Carlos Emilio López, quien visitó la ciudad jinotegana para sentar su posición en contra del veredicto. También hubo pronunciamientos de la Secretaría ejecutiva de la Presidencia de la República y organismos de protección a la niñez.
