Hace unos días, el comandante de las fuerzas Armadas de Colombia, general Fernando Tapia, dijo que “algunos países se habían convertido en cómplices del trasiego de armas” hacia su país, o que sus controles en esta materia eran “muy laxos”, en alusión a Nicaragua y Panamá, en el caso del escándalo de las armas.
Una insinuación-acusación muy fuerte que merece una respuesta contundente de parte principalmente de quienes estaban al frente del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional, René Herrera y Franco Montealegre, respectivamente, para que no quede ninguna duda sobre la actuación de Nicaragua.
Personalmente quiero confiar en que la intención de nuestras autoridades era hacer un trueque legal de armas entre la Policía de Nicaragua y la de Panamá. Sin embargo, entiendo las declaraciones del militar, en el sentido de que debe ser muy difícil para un país que es víctima constante de actos terroristas, que de repente descubra que uno de esos grupos cuenta con tres mil armas y cinco millones de municiones más, porque éstas por alguna razón no llegaron a donde se suponía debió ser su destino.
Nuestras autoridades han dicho que todo se hizo de forma legal, que los procedimientos fueron los correctos… El presidente de la República, Enrique Bolaños, dijo que el lote de armas se entregó a la empresa intermediaria GIRSA, luego de recibir de ésta la orden de compra firmada y sellada por el Ministerio de Gobernación y Justicia de Panamá.
También dijo que la Policía cumplió con todos los permisos necesarios extendidos por la Contraloría, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las autoridades policiales y el ex ministro de Gobernación René Herrera han dicho que incluso la empresa guatemalteca GIRSA y los israelíes Oris Zoller y Uzzi Kisselevic fueron sometidos a una investigación de la Policía Internacional (Interpol).
Pero lo cierto es que las armas —que debieron llegar a la Policía de Panamá— aparecieron en manos de grupos paramilitares colombianos. Y lo más preocupante es que según las autoridades panameñas nunca solicitaron armas a Nicaragua. Entonces algo falló, algo faltó. ¿Quizás no se cumplió realmente con todos los procedimientos, como se ha dicho?
La verdad, es difícil entender cómo el órgano policial que tiene en su historial importantes quiebres de drogas, trasiego de armas, bandas armadas, se vea involucrado en un asunto tan delicado.
Uno se pregunta: ¿cómo es posible que esto le haya pasado, cuando era la encargada de realizar este trueque de armas? Y como yo no dudo de que esas eran sus verdaderas intenciones, tengo que pensar que en esta ocasión a nuestro órgano policial se le cayó el zapote, como decimos popularmente.
¿Cómo es posible que si se va a realizar un intercambio ¡de armas! —no son caramelos— con otro país, no haya habido comunicación directa entre los jefes policiales de Nicaragua y Panamá?
Por lo menos una sola llamada telefónica de parte de una autoridad nicaragüense a su homóloga panameña hubiera evitado que hoy estuviéramos en este penoso y escandaloso caso, que nos tiene investigando si la tal orden de compra con sellos y firmas del Ministerio de Gobernación y Justicia de Panamá es verdadera o falsa.
Si esto se hubiese hecho, hoy podríamos decir con toda seguridad: “Nosotros nos comunicamos con X funcionario de Panamá” —lo que hasta el momento nadie ha dicho—, y tendríamos la certeza absoluta de que Nicaragua no tuvo que ver en el “error” del supuesto desvío de armas.
