- Dirección de Aduanas de Colombia investiga a sus funcionarios
William Briones Loáisiga [email protected]
El canciller Norman Caldera, descartó cualquier responsabilidad de la Administración del presidente Enrique Bolaños, en la transacción de las armas hacia Panamá, a la vez que se pronunció porque se sancione a quien resulte implicado, en caso que así lo demuestren las investigaciones.
“Creo que los culpables deben ser sancionados. Lo que hay que ver es quiénes son esos culpables, el problema es que en Panamá, la compañía intermediaria ha hecho acusaciones a ellos (la Administración panameña) y obviamente están reaccionando ante esas acusaciones. Lo mejor que podemos hacer es concluir las investigaciones y hasta entonces deslindar responsabilidades”, comentó.
Caldera dijo que son las autoridades de la anterior Administración quienes deben explicar por qué se realizó la transacción a través de intermediarios y no de gobierno a gobierno. “Ésta fue una transacción que se completó antes del diez de enero de este año. Este gobierno no tiene absolutamente nada que ver más que investigar lo que ocurrió”, dijo.
Dijo que la transacción se produce en dos escenarios: “uno de compra y otro de venta. En la transacción de compra, apareció un suplidor de armas que le entregó a la Policía lo que ella necesitaba. A cambio, la Policía entregó armas para ser exportadas, esa es una operación diferente y separada. Es en esta operación de exportación que hay discrepancias, entre lo que dice Panamá y lo que dice Nicaragua. Esa es la parte de la operación que estamos investigando”, detalló.
Dijo que la actual Administración conoce que en Nicaragua se cumplieron los requisitos, había una orden de compra que el intermediario presentó a la Policía y que esas armas aparecieron en un lugar que no era el acordado.
Caldera explicó que el fin de semana se entrevistaron con investigadores panameños. “Se conformó una comisión para investigar lo que ha pasado en esta transacción. Hasta que no terminemos la misma, no quisiera aventurarme a responder, para no causar mayor enredo del que ya ha habido. Quedamos en investigar de los dos lados, no queremos entrar en un intercambio de declaraciones de un lado y otro, hasta que tengamos todos los hechos y que los compartamos con ellos”, indicó.
Caldera aseguró que Nicaragua no recibió dinero por la transacción “lo que recibió fue armas cortas para la Policía. Son unas subametralladoras Uzi y pistolas Jerico en cantidades por unos 270 mil dólares en valor de la transacción”, dijo.
BOLAÑOS DISPUESTO A HABLAR CON MOSCOSO
El presidente Enrique Bolaños se declaró ayer gustoso de reunirse con su homóloga panameña, Mireya Moscoso, quien habría expresado su interés de encontrarse con el mandatario nicaragüense para analizar el tema de la permuta de armas de fuego que fue a parar a manos de un grupo irregular colombiano.
“Yo encantado de reunirme con ella (Moscoso), somos muy amigos con la presidenta, hemos sido amigos desde hace muchos años, desde antes de llegara a la presidencia y desde antes que yo llegara a la presidencia, hay unos comités que están investigando como es el asunto (de la venta de armas), pero con todo gusto claro (me reuno), pero esperemos ver que sale de las dos comisiones que están investigando. No he tenido comunicación”, manifestó.
COLOMBIA INVESTIGA A SUS FUNCIONARIOS
Según un despacho de la agencia cablegráfica AFP, la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia (Dian) abrió una investigación para determinar la eventual responsabilidad de tres inspectores de ese organismo en el ingreso al país de unos 3.000 fusiles procedentes de Nicaragua, informó este lunes una fuente oficial.
Los funcionarios, a quienes les fueron asignadas nuevas labores mientras se desarrolla la investigación, tenían a su cargo el registro del barco de bandera panameña y los contenedores en que se presume llegó el arsenal, el 10 de noviembre último, al puerto de Turbo, sobre el Océano Atlántico, dijo a la prensa Santiago Rojas, titular de la Dian.
Rojas señaló que se busca establecer por qué los inspectores sólo revisaron 21 de los 23 contenedores del navío y sin embargo expidieron un acta en que manifestaron que todo se hallaba en regla.
INCUMPLIMIENTO DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA
Medios de comunicación panameños, reportaron ayer que Aníbal Salas, ministro de Gobernación de Panamá, habría culpado a Nicaragua por la venta de 3,000 fusiles AK-47 y 5 millones de municiones, sin cumplir con las normas establecidas en la Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos a la que están adscritos ambos países.
Según Salas, Panamá no solicitó comprar las armas a Nicaragua, y las mismas nunca llegaron a ese país, pues aparentemente fueron desviadas a irregulares colombianos.
Indicó que los dos israelitas que impulsaron la transacción, utilizaron documentos “no idóneos”, lo que asegura, demostraron a las autoridades nicaragüenses, con quienes se entrevistaron el fin de semana anterior.
Salas prometió continuar las investigaciones y sancionar a panameños que resulten involucrados en dicha transacción.
