- Argüello Poessy dice que nunca les dijeron que el destino final era Panamá
Mario Sánchez P. [email protected]
La Contraloría General de la República consideró que fue “utilizada” porque nunca fue informada que el destino del armamento nicaragüense que terminó en los grupos paramilitares de Colombia, era la Policía Nacional del Panamá, declaró el doctor Guillermo Argüello Poessy, ex presidente del Consejo de Contralores.
Mientras que el comisionado general Francisco Bautista Lara, Subdirector de la Policía Nacional de Nicaragua, admitió que ellos no consultaron jamás al gobierno y a la Policía Nacional Civil de Panamá, si necesitaban comprar las armas a través del intermediario Grupo Internacional de Representantes (GIRSA) de Guatemala.
En declaraciones a LA PRENSA, Bautista Lara reiteró que la transacción fue legal y autorizada por Contraloría.
Pero Argüello Poessy apuntó: “Con toda franqueza le digo que en ninguna parte encontramos la autorización del Estado de Israel, y la Contraloría pidió que se pusiera en el contrato”.
Bautista Lara explicó que la Policía no pidió confirmación del gobierno y la Policía panameña, porque el convenio de venta de armas era general y exclusivo con GIRSA, y que el desvío del arsenal a Colombia se hizo “fuera de Nicaragua, en aguas internacionales, desviaron las armas hacia otro destino”, argumentó Bautista Lara.
Expresó que la solicitud de compra de los fusiles para la Policía de Panamá fue hecha a GIRSA, por el israelí Shimon Yelinek, de la empresa DIGAL S.A., radicada en ese país.
Bautista Lara mostró la certificación firmada por Amran Maor, Director de Marketing de Industrias Militares de Israel, fechada el 31 de mayo de 2000, confirmando que GIRSA es su representante en Centroamérica y que está inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número 31695, folio 325, libro 16 de Sociedades Mercantiles de Guatemala.
Por su parte, Francisco Ramírez Tórrez, Presidente de la CGR, contradijo a Argüello Poessy, al expresar que el órgano de fiscalización del Estado estuvo al tanto de la transacción de la Policía Nacional (PN) con GIRSA, y aunque avaló la operación no se autorizó ninguna compra”, afirmó.
“Nosotros autorizamos hagan ese contrato (con GIRSA) para esa permuta, pero dentro de lo que dicen las leyes de la materia y lo que establecen los convenios internacionales”, y que si hicieron lo contrario “esa es responsabilidad de ellos”, afirmó Ramírez Tórrez.
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