- Presunción de responsabilidad penal contra los que traficaron con bonos del transporte y que dejaron pérdidas de más de 18 millones de córdobas
- Ligia Segovia, Donald Guadamuz, Rafael Humberto Castillo, Isabel Vanesa Rivera, Adac Moncada, Alexis López y Ragfield Hodgson ahora deberán enfrentar a Procuraduría
José Adán Silva [email protected]
La Contraloría General de la República encontró ayer presunciones de responsabilidad penal y administrativas en el manejo de recursos públicos, contra siete funcionarios de la pasada Administración, incluyendo a quienes el año pasado traficaron 18 millones de córdobas en bonos de combustible destinado al sector del transporte público.
Las resoluciones fueron anunciadas por el contralor Luis Ángel Montenegro la tarde de ayer. “Con respecto a los cupones de combustible vinculados al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte e Infraestructura, y el Instituto Regulador de Transporte Municipal de Managua (Irtramma), que tienen que ver con la denuncia que en su oportunidad presentara el ingeniero Carlos Morice Martínez, de supuesta emisión y distribución irregular de bonos de combustible del sector transporte del país, la CGR resolvió establecer presunción responsabilidad penal contra la señora Ligia Segovia, ex Directora General del MTI, y contra Donald Guadamuz Corea, ex Director General de Transporte, así como a Rafael Humberto Castillo, de Irtramma”, anunció Montenegro.
TRÁFICO COSTÓ 18 MILLONES
El tráfico de bonos significó, según la auditoría de la CGR, hasta 18,234,762 de córdobas, que corresponde a cupones o bonos de combustible que no fueron entregados de manera directa, y que hasta la fecha se desconoce adónde fueron a parar, aunque debían ir a las cooperativas de transporte.
El monto de los más de 18 millones de córdobas, equivale a 10,673,275 galones de combustible que no fueron entregados a quien correspondía. En el mismo caso, Montenegro dijo que la CGR determinó responsabilidades administrativas contra Ariel Enrique Frenchel, Edgar Bohórquez, Simón Alvarado, Rafael Humberto Castillo, Donald Guadamuz y Francisco Úbeda Castillo, todos ellos de las instituciones involucradas.
OTRO CASO MÁS PARA LA PROCURADURÍA
El subsidio que el Estado entregó al sector transporte, hasta febrero del año pasado, resultó empañado con el destape del negocio y malos manejos que se hizo en torno a distribución de bonos de combustible, que involucró tanto a transportistas como a funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
La fiesta que se hizo con los bonos de combustible que dejó pérdidas al Estado por más de 18 millones de córdobas, se dio cuando el combustible fue entregado a cooperativas de transporte y particulares, sin cumplir con todos los requisitos que se establecía. La defraudación al Estado inició desde abril de 2000, con la entrega de esta cantidad de bonos sin que hubiera documentación que sustentara la entrega del combustible ante el MTI.
El escándalo también fue destapado con la noticia de que algunas cooperativas de transporte falsificaron más de mil 500 bonos por 20 galones de diesel cada uno, que dejó una pérdida de 92 mil 340 córdobas.
Estos casos pasarán a la Procuraduría General de Justicia, quien debería proceder a mandar los casos ante los jueces competentes, bajo presunción de responsabilidad penal.
AVANZAN INVESTIGACIONES
El contralor Luis Ángel Montenegro dijo ayer que los auditores de la Contraloría han avanzado sobre otras investigaciones que este ente fiscalizador realiza en instituciones del Estado, entre éstas, sobre programas del IDR, CSE, Canal 6 (estará listo a más tardar el 30 de mayo), DGI, Enitel, Aduanas e INSS.
TAMBIÉN «PEGADOS» LOS DE HOSPITAL ALEMÁN
En otro orden, la CGR determinó presunción de responsabilidad penal contra varios funcionarios del Hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx, donde el Consejo Supremo Electoral pagó 290,555 córdobas para atender a sus trabajadores, pero la plata no se enteró nunca al Hospital Alemán Nicaragüense, ni a ninguna institución del Estado.
Por esto, se encontró responsabilidad penal para Isabel Vanesa Rivera ex directora de dicho hospital, doctor Adac Moncada Santamaría y Alexis López López.
Asimismo, se encontró responsabilidad penal en el caso de Ragfield Hodgson, ex coordinador del Gobierno Regional de la Costa Caribe, por la compra al crédito de vehículos sin que se encontraran evidencias de tales compras, y de otras adquisiciones hasta por 56,000 córdobas.
