En el Editorial del sábado pasado (“¡Qué bueno que cayó Chávez!”), expresamos nuestra satisfacción por la caída del dictador de Venezuela, Hugo Chávez, como consecuencia de una huelga general y manifestaciones masivas, que fueron apoyadas por los mandos militares después de que supuestos miembros de los “círculos bolivarianos” —que son organismos de masas equivalentes a los comités de defensa sandinista que el FSLN estableció en Nicaragua durante su dictadura totalitaria—, fusilaron a manifestantes antichavistas en las calles de Caracas.
Ahora expresamos con igual franqueza nuestra decepción por el regreso de Chávez al poder, y nuestro temor de que Venezuela tenga que soportar quién sabe por cuánto tiempo a ese enemigo enfermizo de la libertad, pues, cuando las dictaduras izquierdistas sobreviven a las rebeliones populares, se entronizan por largos períodos. Y así lo proclamó Chávez el domingo pasado en la madrugada, cuando regresó al Palacio (Presidencial) de Miraflores y dijo que no piensa salir de allí jamás.
Chávez recuperó el poder por el apoyo incondicional de una parte muy beligerante de las Fuerzas Armadas, así como del sector extremista de la población venezolana, pero también porque quienes lo derrocaron temporalmente actuaron de manera improvisada y desorganizada, y evidentemente carecían de visión estratégica y capacidad para manejar el poder en esas críticas circunstancias.
Además, ayudó notablemente a que Chávez volviera al poder el hecho de que los gobiernos latinoamericanos —incluyendo al de Nicaragua— condenaron su derrocamiento. La virtual defensa del régimen de Hugo Chávez por parte de los gobiernos latinoamericanos, fue justificada por el compromiso que tiene la Organización de Estados Americanos (OEA) para rechazar los golpes de Estado contra gobiernos surgidos de elecciones libres. Pero en este caso no valoraron que el derrocamiento de Hugo Chávez no fue un golpe de Estado propiamente dicho, sino una destitución del dictador que se derivó de un masivo movimiento popular. Ni se tomó en cuenta que los militares apoyaron a la oposición sólo cuando se estaba fusilando a los manifestantes inermes en las calles, y que no se apropiaron del poder sino que lo entregaron de inmediato a los civiles, para que éstos convocaran a elecciones libres tan pronto como fuera posible.
Además, el bien jurídico que los gobernantes latinoamericanos deben proteger, por mandato de la OEA, no es la simple permanencia en el poder de cualquier presidente por el sólo hecho de que fue electo, sino la vigencia de la democracia y el respeto a la libertad de las personas, a los derechos humanos de todos, al pluralismo político y social, a las garantías individuales, a la libertad de palabra y de circulación, a la libre iniciativa económica, etc. Y no es precisamente eso lo que ha hecho y que probablemente seguirá haciendo el gobierno “revolucionario” de Hugo Chávez.
De manera que a partir de ahora la responsabilidad por cada medio de comunicación de Venezuela que sea víctima de la “revolución bolivariana”; por la sangre de cada periodista reprimido por las turbas chavistas; por la huida de la gente de su propia tierra asolada por la demagogia y la intolerancia izquierdista; y por el desastre económico, político y cultural en el que ineluctablemente se seguirá hundiendo ese país, caerá también sobre los gobernantes latinoamericanos que han visto con “neutral” complicidad cómo las libertades y derechos del pueblo venezolano han sido ultrajados por el régimen del atrabiliario dictador militar venezolano.
Hugo Chávez ha dicho que no tomará represalias contra quienes lo derrocaron temporalmente ni contra sus opositores en general; y aseguró que promoverá el entendimiento entre todos los venezolanos. Pero nosotros conocemos por dolorosa experiencia el significado trágico de esas promesas en boca de fanáticos izquierdistas como Chávez. La verdad es que sólo la resistencia del pueblo venezolano, y el apoyo de las fuerzas democráticas internacionales es lo que podrá contener a Chávez y hasta sacarlo del poder próximamente, por medio de nuevos movimientos populares o comicios verdaderamente libres y limpios.
Entre tanto, LA PRENSA expresa su solidaridad con la prensa libre y los periodistas independientes de Venezuela, quienes se encuentran ahora a merced de la venganza chavista, y demanda a la comunidad democrática internacional que actúe en defensa de su libertad y su vida.
