- Abogada niega conflictos pasionales o que planeara divorciarse
Sergio León C.COLABORACIÓN/[email protected]
María Luisa Acosta, esposa del ahora fallecido Francisco García Valle, confirmó a LA PRENSA que fueron tres los sujetos que rentaron la planta baja de su casa el seis de abril, pagándole 100 dólares por adelantado, y recordó que los sospechosos tenían en su poder un fajo de billetes de 100 córdobas, lo que le hace presumir ahora que el dinero que vio era el mismo que les habían adelantado para cometer el crimen.
Sostiene, además, que los tres sujetos son mestizos, dos de ellos de unos 22 años y el otro de 27, y que todos eran originarios de Managua.
María Luisa no recuerda los nombres de los tres sospechosos, pero sí que el lunes, como a las cuatro de la tarde, dos de ellos se presentaron a la planta alta del inmueble para solicitarle que les encendiera la computadora porque querían probar unos disquetes, a lo que ella se negó diciéndoles que estaba muy ocupada.
POSIBLES IMPLICADOS
La abogada relaciona el crimen de su marido con el trabajo de defensa de los derechos de los indígenas de la Costa Atlántica, mencionando dos casos importantes: una demanda de más de medio millón de córdobas contra un empresario por la muerte de un buzo, y otros que tienen que ver con Punta de Águila, Monkey Point y Cayos Perlas, por seis millones de dólares.
La también directora del Centro de Asistencia Legal de los Pueblos Indígenas (CALPI), negó que tuviera problemas pasionales con su marido, ni mucho menos que estuvieran en planes de divorcio.
El subcomisionado Oswaldo Pérez Woo, jefe de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional en la Región Autónoma del Atlántico Sur, aseguró que todavía se encuentran tras la pista de los tres sospechosos.
APÚRENSE
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Dr. Benjamín Pérez Fonseca, condenó el asesinato del ingeniero Francisco García, porque violenta el derecho a la vida, y solicitó a las autoridades policiales destinar sus mejores esfuerzos y que esclarezcan el caso en el menor tiempo posible, para que los habitantes de la Costa Caribe y de toda Nicaragua, encuentren en las actuaciones de las autoridades policiales el verdadero goce y disfrute del derecho de acceso a la justicia.
