- Magistrados con celulares cortados
Consuelo Sandoval [email protected]
El Consejo Supremo Electoral (CSE) enfrenta una profunda crisis económica por la falta de los desembolsos presupuestarios que recibe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, transmitió ayer en sesión ordinaria el titular de ese Poder del Estado, Roberto Rivas, confirmó el magistrado José Luis Villavicencio.
La PRENSA pudo constatar que ninguno de los siete magistrados del CSE cuenta con el servicio telefónico celular, y que tampoco los trabajadores habían recibido ayer sus respectivos salarios que usualmente la institución les entrega el 10 de cada mes.
El magistrado Silvio Calderón admitió la suspensión de la telefonía celular a todos los funcionarios que contaban con ese servicio, pero lo atribuyó a la austeridad institucional, en cambio, su colega Villavicencio aseguró que la compañía telefónica se los cortó por falta de pago.
Calderón no quiso revelar detalles de los temas que abordaron en la sesión ordinaria y se limitó a decir que fueron aspectos generales administrativos.
Sin embargo, Villavicencio informó que en la sesión Rivas les comunicó la problemática que les ocasiona el déficit presupuestario por el retraso el desembolso en que ha incurrido el Ministerio de Hacienda, impidiéndoles cubrir sus obligaciones, incluyendo el pago salarial de sus trabajadores, y analizaron el proceso de reestructuración que les permita adecuar su partida presupuestaria.
Aseguró que Rivas dijo que en el cuarto mes del año, el Ministerio de Hacienda les ha desembolsado apenas 17 de los 90 millones de córdobas presupuestados, además que todavía falta que les entreguen el reembolso de los gastos de campaña electoral a los partidos políticos.
LA PRENSA intentó en varias oportunidades conocer la versión del ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, pero en su oficina informaron que se encontraba en reunión.
Villavicencio afirmó que los magistrados acordaron flexibilizar los requisitos a los partidos políticos que participaron en las elecciones regionales de la Costa Atlántica, para la presentación de sus respectivas rendiciones de cuentas, alegando, entre otros aspectos, que en la zona los comerciantes no extienden facturas formales porque ni siquiera están inscritos en el Registro Único de Contribuyente (RUC) del Ministerio de Hacienda y tampoco cuentan con contadores públicos autorizados que les elaboren sus informes financieros.
