En el Enfoque de LA PRENSA del domingo recién pasado (“Inmunidad: ¿Protección al funcionario o a la corrupción?”), se dice que “la inmunidad es un término que se ha vuelto mala palabra en Nicaragua. El carácter despótico con que se usa ese fuero especial en este país ha logrado desnaturalizar un derecho reconocido en muchas naciones del mundo, como una garantía para evitar arbitrariedades contra el funcionario en el ejercicio de sus labores. Recuperar ese concepto en su verdadera dimensión es otra lucha dentro del combate a la corrupción, que la ciudadanía se ha impuesto junto al reto de despartidizar las instituciones”.
Es cierto. En Nicaragua, el concepto de inmunidad ha sido desvirtuado y convertido obvia y groseramente en escudo de impunidad de funcionarios corruptos.
En realidad, en una sociedad democrática en la que se respetan todas las garantías individuales, y a las personas acusadas se les juzga de manera imparcial, no tiene por qué haber inmunidad para nadie. Y en todo caso, hay que dejar claro que la inmunidad no es un derecho, sino un privilegio que rompe el principio democrático de la igualdad ante la ley. En efecto, la inmunidad es una concesión o fuero por parte del Estado a ciertos funcionarios para protegerlos de acciones judiciales ordinarias, en tanto que derecho es lo que corresponde a la persona por su propia naturaleza humana y por su pertenencia a la sociedad. Y precisamente porque es un privilegio de excepción legal, la inmunidad se debe usar de manera correcta y honesta, no como escudo de inmunidad para los corruptos, especialmente para los más encumbrados y poderosos.
Por otro lado, tal como se dice también en el Enfoque de LA PRENSA del domingo pasado, el aprovechamiento de la inmunidad como impunidad tiene que ver con la falta de una justicia independiente, íntegra y apartidista,“que tiene el crucial papel de determinar cuándo la inmunidad está sirviendo para proteger al funcionario y cuando a la corrupción”. Sin embargo, el uso incorrecto y abusivo de la inmunidad, que es lo que ocurre en Nicaragua, se debe también a que son los mismos funcionarios inmunes (los diputados) los que deciden si se quitan o no ese privilegio, o si renuncian graciosamente a él, para que la justicia los pueda procesar. Inclusive, son ellos mismos los que deciden dar trámite o bloquear a la solicitud de desafuero.
En un sistema de gobierno verdaderamente democrático y honesto, en el que se respeta el principio de la división de poderes y éstos se controlan recíprocamente, le corresponde al Poder Judicial decidir si hay méritos o no para quitar la inmunidad a un parlamentario o cualquier funcionario del Poder Ejecutivo acusado de cometer delitos. Y en el caso de que los acusados sean los magistrados, el Parlamento decide sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de desafuero. De otra manera, la inmunidad se convierte en sinónimo de impunidad.
La verdad es que cualquier funcionario inmune que cometa un delito debería ser investigado, y si la autoridad pertinente encuentra méritos suficientes, debe ser procesado y castigado como cualquier otro ciudadano. Además, el funcionario que goza de inmunidad debería tener dignidad, entereza y moralidad para renunciar a su inmunidad, y someterse a la justicia a fin de pagar por su delito si es consciente de que lo cometió, o para demostrar su inocencia si la acusación es infundada.
Y los demás funcionarios en cuya voluntad y autoridad descansa la posibilidad de tomar la decisión de desaforar o no a la persona inmune acusada, deberían tener conciencia de que al proteger al colega, camarada, correligionario, amigo o lo que sea —es decir, al no individualizar las responsabilidades—, ellos mismos están generando y manteniendo un clima de sospecha y de repudio ciudadano que afecta a toda la Asamblea Nacional. De manera que es en su propio beneficio político y ético que los diputados deberían presionar a su colega o jefe acusado para que renuncie a la inmunidad y que afronte sus responsabilidades judiciales, o quitársela mediante el procedimiento expedito que señala la ley.
¿O es que a la mayoría de los diputados no les importa su propia integridad moral y prestigio político?
