- “De las actividades realizadas por los funcionarios antes mencionados y por los señores Galán y López Toledo, el doctor Alemán, en esa ocasión Presidente de la República, tenía pleno conocimiento de las actividades realizadas por sus funcionarios”, reza parte de la acusación del procurador Alberto Novoa
Freddy Potoy R. [email protected]
La reciente acusación del procurador especial doctor Alberto Novoa Espinoza en contra de Arnoldo Alemán Lacayo, David Castillo, Marta McCoy Sánchez, Esteban Duque Estrada, Salvador Quintanilla, Mario Medrano, Ausberto Narváez, David Robleto, Edmundo Téffel, y Armando Bermúdez, por el fraude financiero al Canal 6, ha causado gran revuelo entre los círculos políticos nacionales, la comunidad internacional y particularmente el gobierno de Estados Unidos.
El supuesto manuscrito del ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo pidiéndole al entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, que nombrara a Ricardo Galán como Embajador del país azteca en Nicaragua, viene ahora a reflejar las estrechas relaciones de los personajes que son acusados por fraude al Estado.
La relación que tenía el mexicano Ricardo Galán con Alemán a través de Jaime Morales Carazo, ex asesor personal del ex mandatario, fue manifiesta en el “papelito” que surgió en la VIII Cumbre Iberoamericana, en octubre de 1998, donde estaba Zedillo. Este nuevo elemento vuelve más interesante “la novela del fraude”.
En la primera parte del juicio por fraude al Canal 6, resultaron con auto de segura y formal prisión Roberto Duarte Solís (ex secretario de Comunicación Social), Sydney Pratt Reyes (ex director del Canal 6), Dagoberto Rodríguez (financiero del Canal 6), Mayra Medina Méndez, Ricardo Galán y Alejandro López Toledo.
IMPLICADOS EN LA DEFRAUDACION
Según la acusación de Novoa, hasta el momento se ha demostrado que en la defraudación al Estado participaron otras personas, refiriéndose en clara alusión a Alemán y resto de sus ex funcionarios.
“Esta Procuraduría Especial Penal, en su acusación del once del mes de marzo del presente año, manifestó que la idea de defraudar al Estado de Nicaragua comenzó al amparo del poder, que su planificación fue obra del poder autoritario que formó para ello un “equipo de trabajo” capaz de repartir los roles para la ejecución de los actos necesarios para defraudar a la Administración pública. La Procuraduría no se equivocó”, afirma el escrito de Novoa.
De acuerdo con la Procuraduría, las personas fulminadas con auto de prisión se asociaron y utilizaron las empresas Servicios Integrales Casco S.A. y Servicios de Infraestructura S.A. (Sinfra) como una fachada, una tapadera para desviar, distraer y defraudar los fondos del Canal 6.
CONCIENCIA Y VOLUNTAD DE PERJUDICAR
El hecho de que Casco S.A. no estuviera inscrita en Nicaragua y no existiera contrato entre Canal 6 y Casco S.A., demostró que estas personas tenían la conciencia y voluntad de defraudar el patrimonio de la Administración pública del Estado, alega la Procuraduría.
Sin embargo, esta lista de personas que participaron en la defraudación al Estado, como en un inicio advirtió la Procuraduría y con base en medios de prueba que rolan en el expediente, se extiende a los nuevos acusados antes mencionados.
Según la Procuraduría, bajo el supuesto de que el Sistema Nacional de Televisión (Canal 6) no era competitivo comercialmente y acarreaba deudas al 30 de octubre de 2001 hasta por 22 millones 388 mil 637 dólares, la Presidencia de la República y la Secretaría de Comunicación Social (del gobierno de Alemán) elaboraron “proyectos de trabajo” para capitalizar o solventar la situación económica del Canal 6, dinero que nunca entró.
CREACIÓN DE UN ANDAMIAJE
Para ello y con el ánimo de defraudar al Estado nicaragüense, estas personas crearon un “andamiaje” o “tejido” de actos, muchos de ellos de carácter jurídico, que contemplaron la creación de personas jurídicas en el extranjero, tráfico de influencias, apertura de cuentas bancarias, contratos de traslados o transferencias de derechos, declaraciones conjuntas entre entes del Estado que se desarrollaron para facilitar la comisión de los delitos de fraude y peculado, a partir de una asociación para delinquir creada con motivos propios del acto criminal.
El procurador Novoa en su escrito acusatorio deja claro que los hechos se desarrollan a partir de noviembre de 2000 hasta enero de 2002, y que el ex presidente Alemán asesorado por Ricardo Galán y Alejandro López Toledo construyeron el plan de defraudar al Estado de Nicaragua.
La Procuraduría considera que para realizar esta “labor ilícita” de defraudar el patrimonio de la Administración pública, Alemán Lacayo instruía a funcionarios de su gobierno través de Marta McCoy Sánchez, y, en ocasiones, directamente, para que sacaran sumas de dólares con el aparente objetivo de fortalecer la capacidad instalada del Canal 6 de televisión, omitiendo todos los controles y formalidades establecidos en la Ley General de Contrataciones del Estado y otras disposiciones de carácter administrativo, dando como consecuencia que los funcionarios gubernamentales realizaran las tareas encomendadas, y desde su respectivo organismo donde laboraban emitieran cheques hasta por la cantidad total de 1,500,000 dólares, dinero que no ingresó a los controles contables del Canal 6.
ALEMÁN SABÍA DE TODO
“De las actividades realizadas por los funcionarios antes mencionados y por los señores Galán y López Toledo, el doctor Alemán, en esa ocasión Presidente de la República, tenía pleno conocimiento de las actividades realizadas por sus funcionarios. Además de dirigir y controlar la ejecución de todas las acciones necesarias para la desviación del dinero, se mantuvo en todo momento informado de tales hechos, a tal extremo que personalmente ordenó a Roberto Duarte para que firmara el contrato con Casco S.A., que “enmascaraba” la defraudación que se realizaba al patrimonio estatal. Alemán Lacayo se mantenía informado de la ejecución de todas las acciones a través de Sydney Pratt, todos los lunes de cada semana previo al programa “El Presidente habla con su pueblo”, explica ampliamente la acusación de Novoa.
El “vínculo de comunicación” entre Alemán y sus ex funcionarios que ahora son procesados, eran los mexicanos Galán y López Toledo, según se establece en la relación de hechos que presenta la Procuraduría.
La Procuraduría establece que Galán y López Toledo tenían una posición privilegiada. Galán era asesor del Presidente en temas de inversión y asuntos internacionales. López Toledo era asesor del proceso de privatización de Enitel. Ambos relacionados con Servicios Integrales Casco S.A. y Sinfra, empresas que recibieron el dinero defraudado al Canal 6.
El escrito acusatorio indica que Galán y López Toledo desde esas posiciones podían hacer las gestiones a nombre de Arnoldo Alemán Lacayo y, a la vez, a nombre de Sinfra y Servicios Integrales Casco S.A., con la finalidad de obtener contactos, documentación e información que facilitaban las operaciones en forma general de las actividades que luego se concretaban en las acciones de los diferentes entes gubernamentales.
