- Jefe policial de Las Minas
reconoce que sólo Asamblea Nacional tiene esa facultad
Heberto Jarquín Ma./Corresponsal [email protected]
TRIÁNGULO MINERO.- El jefe de la Policía en el Triángulo Minero, comisionado Félix Alberto Gámez López, negó que se haya cometido abusos de autoridad al dejar en libertad a los desmovilizados de los remanentes del Frente Unido Andrés Castro (FUAC).
Las declaraciones del directivo policial fueron vertidas luego que algunos diputados dijeron que las fuerzas del orden público habían actuado indebidamente, al otorgar supuestos indultos de hecho.
El comisionado Gámez López aseguró que “la mayoría de las causas judiciales interpuestas contra los remanentes del FUAC, por asesinatos, crímenes atroces, secuestro y terrorismo, están dirigidas hacia los cabecillas José Luis Marenco Pérez o (Laureano Rivera), Pilar Lira López (Tyson), Domingo Quintero García (Tinieblas) y Juan Manuel Kraudy Zamora (Juan de la Montaña), todos ellos están aniquilados”.
“Los sobrevivientes del FUAC que se entregaron a las autoridades están advertidos que pueden ser procesados por asociación ilícita para delinquir y se les ha preguntado a los jueces si tienen causas pendientes”, indicó.
“Nosotros (la Policía) sabemos que es atribución de la Asamblea Nacional decretar amnistías e indultos. Aunque ya desaparecieron los cabecillas del FUAC seguiremos investigando los hechos delictivos en que se vieron involucrados”, afirmó el jefe policial.
“La guardia operativa se encuentra en San José de Kukalaya, donde aniquilamos a ‘Juan de la Montaña’, realizando las averiguaciones de rigor”, añadió.
CAUSAS
Recientemente la titular del Juzgado Local Único de Rosita, Luisa Ivania McCoy Wilson, dictó orden de allanamiento y detención en contra de los ex miembros del FUAC, Ramón Avilés González y Rubén Ochoa Salgado, por el asesinato de Paulino Darío Cárcamo Suazo, ocurrido en la comarca de Minesota, en octubre del 2001.
La misma orden fue emitida por la judicial en contra de Jimmy Becker Penglas, por asesinato atroz en perjuicio de Aquilino Urías y Alfonso Solano, ultimados en la comarca de Talavera.
El jefe militar en el Triángulo Minero, teniente coronel Oswaldo Barahona, reconoció que existe la posibilidad de que algunos veteranos del FUAC, retomen las armas si se producen detenciones. “Estaremos alerta para prevenir cualquier resurgimiento de bandas armadas en las minas”, advirtió.
Los ex miembros de los remantes del FUAC que sean procesados por asociación ilícita para delinquir, podrían recibir penas de 6 meses a 3 años de prisión, aclaró el comisionado Gámez.
