- El gobierno de Japón y el PNUD han contribuido al desarrollo
institucional del Sistema Penitenciario Nacional, sin embargo,
las condiciones de hacinamiento, la falta
de medicinas y de una adecuada alimentación, siguen siendo el talón de Aquiles de los reclusorios del país.
Juan Rodrí[email protected]
Wilmer Antonio González Rojas, de 15 años, fue sentenciado a una pena de tres años de prisión por el delito de robo con violencia, sin embargo, la Juez Especial para la Adolescencia adecuó la pena de prisión hasta 18 meses.
El adolescente guardaba prisión en la galería número 7 de la Cárcel Modelo de Tipitapa y ya había cumplido más de 12 meses, pero la adecuación de su pena no fue notificada por ninguna instancia judicial ni por el Sistema Penitenciario Nacional (SPN).
González Rojas sufría un estado de depresión severo, que le provocaba problemas de conducta, por lo que fue trasladado a la Galería 2, considerada de alta seguridad.
El joven en varias ocasiones amenazó con matarse porque no aguantaba estar encerrado.
El organismo religioso Movimiento Católico Internacional por la Paz “Pax Christe”, denunció en su oportunidad la violación a los Derechos Humanos en el penal de Tipitapa, en relación con el caso de este joven.
Se pudo constatar que un funcionario maltrató físicamente dentro del penal al interno, lo que desencadenó supuestamente el suicidio de Wilmer Antonio.
LAS MEDIDAS
La muerte del muchacho provocó un golpe de timón en la jefatura del SPN, que orientó que todo adolescente fuera separado de las galerías de adultos de manera estricta, a pesar de que el reclusorio no contaba con las condiciones para ese fin. Todos los adolescentes fueron reubicados en una sola galería meses después, igual disposición se cumple ahora en varias cárceles de la nación.
Una de las principales carencias de los penales del país es que no cuentan con un departamento de sicología y suficiente dotación de medicamentos; otro gran problema “es que hace falta más capacitación sobre las normativas del SPN”, según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
En el informe de la Procuraduría de Derechos Humanos, se establece que “hay una buena cantidad de personal del SPN que no dominan las normas y reglamentos”. EL SPN, desde el inicio del 1990 vino aplicando una política de reducción de personal altamente capacitado en materia penitenciaria, hecho que ha generado algunas “deficiencias” en la atención de los internos, sin embargo, los actuales funcionarios hacen grandes esfuerzos por dignificar a las personas privadas de libertad y que se respeten los Derechos Humanos.
LEY DEL SIGLO PASADO SIGUE VIGENTE
Desde el siglo XIX hasta nuestros días, en Nicaragua las cárceles y penitenciarías se han regido fundamentalmente por Reglamentos, hasta la promulgación de la Ley del Patronato Nacional y Patronatos Departamentales de Reos de 1946 y su Reglamento, publicado en 1947; dicha Ley fue reformada un año después, en 1948, y es la que está vigente para regular el SPN actual.
El primer reglamento para las cárceles de Managua data de 1879, en la época del general Joaquín Zavala; existe otro reglamento para las penitenciarías de Nicaragua, que se publicó en 1901, durante el gobierno del general José Santos Zelaya; luego en 1914 se elaboró un Reglamento Interno para Cárceles y Casas de Corrección de Mujeres, este reglamento se estableció durante la administración del presidente Adolfo Díaz.
En 1929 se elaboró otra norma y se llamó Reglamento para el Gobierno y Disciplina de las Cárceles y Penitenciarías, este reglamento siete años después fue reformado, y convertido en Código Jurídico Militar en 1949.
El funcionamiento del SPN actual “se ha venido aplicando por el ejercicio de las costumbres de una serie de “reglamentos” de control, educación y seguridad penal, sin respaldo legal”, manifestó el 7 de abril del año 2002, René Herrera, entonces ministro de Gobernación, al ex presidente de la República, Arnoldo Alemán, en su exposición de motivos del Proyecto de Ley del SPN, aún sin aprobarse.
AYUDA JAPONESA Y DEL PNUD
Algunas áreas de los ocho penales que componen el SPN (entre éstos, uno de mujeres), sufrieron sustanciales remodelaciones en algunas de sus áreas, gracias a un proyecto que financió el Gobierno del Japón, con fondos de contravalor de ese país hasta por un monto de un millón 574 mil 024 dólares, que inició en diciembre de 1999 y concluyó en el 2001.
El Gobierno de Nicaragua destinó como contrapartida más de 17 millones de córdobas en este proyecto para algunas mejoras en los penales, que incluyó la construcción de nuevas galerías, así como áreas de capacitación, principalmente bibliotecas.
A pesar de los avances logrados, los penales siguen sufriendo limitaciones en su presupuesto anual para dar mejor atención a los internos, sobre todo para alimentación, salud, educación y mantenimiento de su gigantesca infraestructura.
Las mejoras realizadas en los reclusorios por el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fueron un gran aliciente para el SPN, pero todavía las áreas reeducativas son insuficientes, así como las áreas donde permanecen los internos.
Algunos penales fueron favorecidos por el PNUD con herramientas y máquinas eléctricas de carpintería y ebanistería. Todas las herramientas son inventariadas cada seis meses por ese organismo para constatar que se les está dando buen uso. El PNUD donó en Tipitapa dos máquinas para pegar suelas en la fábrica de botas.
No obstante, este mismo organismo compró cerdos y ovejas pelibuey para que se fomentara este tipo de crianza en algunos de los penales.
CAPACIDAD REAL DEL SPN
Los ocho penales que existen en Nicaragua tienen capacidad total para albergar a unas 3,083 personas. Los parámetros y exigencias internacionales para las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, según las Naciones Unidas, deben ser de 4 metros cuadrados por cada recluso, en el país todavía no se cumple esta recomendación a pesar de que se ejecutó la Reforma del Sistema Penitenciario Nacional que todavía no concluye.
El Centro de Investigaciones Socioeducativas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, (UNAN), hizo un estudio de todos los penales, que concluyó en abril de 1998, donde se detectó que el comportamiento mensual entre el ingreso y egreso de reos rebasa la capacidad de las celdas (3,083 reos), situación que en la actualidad no ha variado, es decir, se mantiene que un reo dispone de entre 1.6 y 1.9 metros cuadrados de espacio para estar detenido.
RECLUSORIO OLVIDADO
El penal más “olvidado” por su lejanía es el de la ciudad de Bluefields, ubicado en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), que según varios internos entrevistados es el más “deteriorado en infraestructura y con un alto grado de hacinamiento y retardación de justicia”.
-Estos dos últimos tópicos han sido superados en la mayoría de los reclusorios del Norte y Pacífico de Nicaragua.
-El penal de Bluefields no cuenta con agua potable, el pozo que lo abastecía está contaminado, los reos y los funcionarios piden en la vecindad el vital líquido para saciar su sed y cubrir sus necesidades básicas de higiene corporal.
