- Presidenta del Cenidh no niega ni confirma si se incluirá indemnización monetaria
Ary Neil Pantoja [email protected]
Zoilamérica Narváez Murillo aceptó realizar un trámite de “arreglo amistoso” con el Estado nicaragüense, al que demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber violado, según la demanda, su derecho al acceso a la justicia y “haber interferido” en la acusación que por violación, abusos deshonestos y acoso sexual interpuso en contra de su padrastro Daniel Ortega.
Narváez y la doctora Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), tienen hasta el próximo cuatro de abril para presentar ante la CIDH, un escrito con los puntos que la demandante considera debe tener el “arreglo amistoso” para ser aceptable.
A su regreso de Washington, la doctora Núñez explicó que el Estado nicaragüense aceptó de inmediato la propuesta. “En 30 días debemos presentar nuestra propuesta por escrito y enviarla a la CIDH, la que debe revisarla para ver si es viable o no”, expresó Núñez. Agregó que si la CIDH acepta el escrito, lo presentará a la contraparte, es decir, al Estado, para que éste lo acepte o rechace.
DEMANDA NO TIENE QUE VER CON ACUSACIÓN
La doctora Núñez aclaró que la demanda contra el Estado ante la CIDH, “no tiene nada que ver” con la acusación que Narváez introdujo ante los juzgados contra Daniel Ortega. Núñez, sin embargo, no quiso adelantar qué pasará tras el “arreglo amistoso”, en el caso de Ortega.
Cabe recordar que aún está pendiente que el Tribunal de Apelaciones de Managua se pronuncie sobre el recurso que introdujo Narváez contra el sobreseimiento definitivo que dictó la juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez a favor de Ortega.
Por otra parte, Núñez evitó referirse a los puntos que incluirá Zoilamérica Narváez en el escrito que presentarán ante la CIDH el próximo cuatro de abril.
Núñez no negó ni confirmó si Zoilamérica incluirá, en el escrito de “arreglo amistoso”, algún tipo de “indemnización” monetaria por los posibles perjuicios causados por el Estado nicaragüense durante el proceso judicial contra Daniel Ortega.
