Jorge [email protected]
Creo que todos los nicaragüenses de buena voluntad deseamos que Nicaragua se desarrolle económica y socialmente. En eso estamos totalmente de acuerdo. En donde no parecemos estarlo es en cómo lograrlo. Es cierto que aquellos que hasta hace unos pocos años marginaban al individuo y proponían que el Estado fuera el único actor económico, han quedado reducidos a una ínfima minoría. Hoy en día casi todos hablan de economía de mercado y de inversiones, aunque sospecho que lo hacen sin convicción, y sólo del diente al labio. En el fondo, añoran al papá Estado.
Lamentablemente, son muchos los que no han logrado comprender a profundidad cuáles son las instituciones que hacen posible el desarrollo económico y social de un país. Y de todas ellas, la más importante es, a su vez, la menos comprendida: la propiedad privada. No son capaces de entender que la economía de mercado —única que puede desarrollar un país— no puede existir ni cumplir su función generadora de riqueza si no existe una eficiente y efectiva definición y protección de los derechos privados de propiedad. Los marxistas de los años ochenta entendían muy bien eso, y como estaban en contra de la economía de mercado, lo primero que hicieron fue debilitarlos. Las destructivas consecuencias en la economía nacional son de sobra conocidas.
Es necesario entender que el mercado es simplemente el resultado del libre intercambio de los derechos de propiedad, y eso no significa más que el derecho de vender y de usar lo que es de uno. Cuando uno tiene algo, pero no lo puede vender o hacerlo producir, en realidad no es de uno. No puede haber economía de mercado, y, consecuentemente, no puede haber progreso.
Asimismo, muchos de los que ahora dicen estar a favor de la inversión privada nacional y extranjera, no parecen entender que un ordenamiento jurídico que no defina y proteja adecuadamente los derechos de propiedad, resulta extraordinariamente efectivo para ahuyentar la inversión extranjera de largo plazo, y nos condena a vivir sumidos en la pobreza.
En Nicaragua hemos identificado el turismo como una de las actividades en la que nuestro país podría llegar a ser competitivo. Eso significa que deberíamos poder invertir libremente en él e invitar a los extranjeros a hacer lo mismo. Pero antes de lograr eso —o de lograrlo en la magnitud deseable— necesitamos, más rápido que pronto, echar al cesto de la basura cualquier ley, reglamento, regulación, decreto u ordenanza que impida la inversión en ese sector.
Quiero referirme, en particular, a la anacrónica Ley Agraria de 1917, que prohíbe la venta de aquellos terrenos que se encuentren ubicados en una zona de dos kilómetros a lo largo de las costas de ambos océanos y a 800 metros de las orillas de lagos y ríos navegables, así como la venta de islas de los mares territoriales y de los lagos. (Tengo entendido que esa disposición no afecta las tierras vendidas por el Estado a particulares antes de 1917). Aunque de hecho esa ley no se respeta —o se hace respetar discrecionalmente, lo cual es todavía peor—, actúa como un poderoso freno para la inversión extranjera, ya que hace imposible el establecimiento legal de derechos de propiedad en esas áreas.
Qué diera yo por ver nuestras dos costas e islas marinas y lacustres pobladas de hoteles de playa y restaurantes y llenas de turistas de todas partes del mundo. Estoy claro, sin embargo, que eso sólo lo podemos desear quienes en verdad queremos ver desarrollada una industria turística en Nicaragua, y que no puede ser deseado por quienes en el fondo detestan el sistema de economía de mercado, por considerarlo, equivocadamente —por ignorancia o por complejo— como un sistema que beneficia solamente a “los ricos”.
Creo que el turismo puede contribuir mucho al desarrollo de nuestro país, pero estoy convencido de que los turistas no vendrán mientras no hagamos —o permitamos que se hagan— las inversiones necesarias. Estoy consciente, además, de que esas inversiones no se harán con la rapidez y en las cantidades posibles, si antes no eliminamos las provisiones absurdas y obsoletas que existen en algunas de nuestras leyes y que debilitan los derechos de propiedad. Pero, sobre todo, estoy consciente de que no avanzaremos en el sector turismo ni en ningún otro mientras no logremos entender cuáles son las condiciones que hacen posible la inversión privada generadora de riqueza. Eso requiere de un cambio de mentalidad, y ¡púchica, qué difícil es lograrlo!
El autor es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA y catedrático de la Universidad Thomas More.
