Las elecciones son un mecanismo indispensable para el funcionamiento de una sociedad democrática. Sin embargo, para servir al funcionamiento y fortalecimiento de la democracia las elecciones deben ser libres, limpias y justas, y organizadas por personas idóneas, capaces, honestas y políticamente independientes.
Pero no es así que se hacen las elecciones en Nicaragua, donde el joven sistema político democrático ha sido desvirtuado por el autoritarismo y envilecido por la corrupción. Y como inevitable consecuencia de esto, las instituciones son inestables, la justicia está desnaturalizada por la prevaricación, el organismo electoral del Estado es inepto, partidista y corrupto, y la gente, aunque va a las elecciones a votar a veces incluso en forma masiva, no confía en los partidos políticos y se deja llevar por el desolado sentimiento de que lo único que se puede hacer es elegir a los candidatos “menos peores”.
En ese deplorable escenario se celebraron ayer las elecciones en la Costa Atlántica, que estuvieron —antes de las votaciones y durante los comicios— plagadas de arbitrariedades y maniobras fraudulentas de las mismas autoridades electorales que por mandato constitucional e imperativo ético son las responsables de asegurar la limpieza, honestidad y credibilidad de los procesos electorales.
Pero no sólo por ineptitud, autoritarismo y corrupción del Consejo Supremo Electoral es que las elecciones del Atlántico han sido deplorables, sino también porque los contendientes principales que se van a llevar otra vez la mayor parte del botín electoral, son los mismos dos partidos que han gobernado en las regiones autónomas y que son igualmente culpables de la situación de atraso, marginación, sobreexplotación y discriminación que impera en esos lugares, de la que se queja con toda razón la población nicaragüense costeña.
Esa es la situación que plantearon con toda crudeza en la página especial de Opinión publicada en LA PRENSA de ayer domingo 3 de marzo corriente —con motivo de las elecciones en las regiones autónomas del Atlántico—, personas que son autorizadas conocedoras de la realidad costeña, y que pusieron en evidencia la exclusión de los costeños de las estructuras del poder político, el déficit de representación de la población del Atlántico en la Asamblea Nacional, la falta de reglamentación del Estatuto de Autonomía que está vigente desde 1987, la sobreexplotación de los recursos naturales de la Costa Atlántica y la escasa o ninguna reinversión de los cuantiosos beneficios que se obtienen con ella, la discriminación histórica de la población nicaragüense del Pacífico hacia la gente también nicaragüense del Atlántico, etc.
Pero, en realidad, el problema no radica en que una parte de los nicaragüenses explota y discrimina a la otra parte de los nicaragüenses. La verdad es que la inmensa mayoría de la población del Pacífico del país —que es tan pobre y está tan empobrecida como la gente del Atlántico—, no se beneficia con el saqueo de las riquezas de las regiones autónomas del litoral Caribe de Nicaragua.
Los nicaragüenses del Pacífico, a quienes los costeños llaman “españoles”, son tan marginados como los del Atlántico por las camarillas corruptas (del PLC y el FSLN) que se reparten, comparten y usufructúan el poder político y económico. Y por tanto, la lucha de los costeños del Atlántico no es ni debe ser contra los habitantes del Pacífico, sino que ambas partes de la población deben unirse, en primer lugar, para elegir a personas honestas que realmente quieran hacer algo bueno por todas las regiones y sectores sociales del país.
Por su parte, el Presidente de la República debería comenzar a cambiar el enfoque gubernamental hacia la Costa Atlántica y proponer una reforma sustantiva al Estatuto de Autonomía, o al menos su reglamentación inmediata, y crear la instancia de coordinación con los gobiernos autónomos que está prevista en el artículo 11 de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
Y los nicaragüenses —del Atlántico, Centro y Pacífico del país—, deberían ayudarse a sí mismos comenzando por no seguir eligiendo candidatos de los dos partidos —PLC y FSLN— que se recriminan mutuamente en sus campañas políticas, pero que de hecho se coluden para repartirse el poder y beneficiarse con el saqueo de la Costa Atlántica, del Centro y del litoral Pacífico de Nicaragua.
