- Magistrados liberales y sandinistas se contradicen en torno al uso del Acta de Promesa de Ley o voto con testigos
Consuelo Sandoval y Amalia [email protected]
Las votaciones de la Costa Atlántica no sólo se enfrentarán hoy a la apatía de los electores, que amenaza con llegar al 50 por ciento de los sufragantes, sino que también se enfrenta a un Consejo Supremo Electoral dividido por las contradicciones respecto al mecanismo de votación.
Mientras en Managua el presidente del Consejo Supremo Electoral aseguraba ayer que todo está listo para los comicios de hoy en la Costa Atlántica de Nicaragua, los magistrados sandinistas desautorizaron a las autoridades regionales en Bluefields, a aceptar como válido el uso del Acta de Promesa de Ley (APL), aprobado por Rivas, situación que pudiera convertirse en el preludio de serias tensiones políticas y en la generación de posibles actos de violencia alrededor de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Rivas dijo en conferencia de prensa que “todo está debidamente listo” para esta contienda electoral, luego que realizara una gira por varios días en comunidades y municipios de las regiones del Atlántico Norte y Sur del país. Fueron habilitados para votar 199,152 ciudadanos, que representan el ocho por ciento del electorado nacional.
Rivas minimizó el ambiente de violencia que pueda generar el malestar de algunos partidos políticos por el ejercicio del voto con testigos.
A principios de la semana pasada, representantes de partidos regionales y nacionales como el indígena Yátama y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), anunciaron que no permitirían el voto a aquellas personas que no aparecen en el padrón electoral y que se presentaran con dos testigos.
RIVAS: “YÁTAMA SALIÓ TRANQUILO”
Sin embargo, Rivas dijo que él y otros magistrados del CSE se reunieron con el dirigente Yátama, Brooklyn Rivera, a quien se le explicó que el sufragio con testigos es una disposición del CSE que debe acatarse.
“Yátama salió tranquilo de la reunión. El señor Brooklyn hizo un llamado a la no violencia”, afirmó Rivas.
Sin embargo, un acuerdo de los magistrados sandinistas indica que “queda prohibido el uso del APL, por violar arbitrariamente los artículos 41 y 116 de la Ley Electoral y el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de las dos Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”, en abierta contradicción con lo aprobado por Rivas.
Las discrepancias internas entre los magistrados aumentaron el clima de tensión que se respira entre la dirigencia de los partidos políticos participantes en la contienda electoral, pues los del Frente Sandinista se oponen al uso del APL, en cambio, los liberales defienden el derecho que tienen los ciudadanos de votar, aunque no aparezcan en el padrón electoral.
ENCONTRONAZO VERBAL
Los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), Mauricio Montealegre y Silvio Calderón, que visitaron la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), protagonizaron un fuerte encontronazo verbal con los representantes del Frente Sandinista y Yátama, César Quinto y John Delio Alex, inconformes con las supuestas irregularidades que presuntamente han sido cometidas en la organización del proceso electoral.
Una conferencia de prensa que ofrecían ambos magistrados conjuntamente con las autoridades regionales fue abruptamente interrumpida por Alex, quien los increpó por autorizar el uso del Acta de Promesa de Ley (APL), disposición que, según él, violenta la Ley Electoral y el proceso de Autonomía.
Denunció como una trama de los magistrados liberales la aprobación del nombramiento de una persona como fiscal, quien hace pocos días fungía como representante legal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), argumentando que hace tiempo expiró el plazo para la presentación de listados de fiscales.
AMENAZA CON ENJUICIAR A LIBERALES
Alertó que 1,700 personas originarias de otras zonas se encuentran listas en comunidades alejadas de la RAAS, para depositar su voto e incidir en el escrutinio para favorecer el PLC, y amenazó con promover un juicio ante el Tribunal Centroamericano de Derechos Humanos en contra de los cuatro magistrados liberales, a quienes cuestionó porque ni siquiera le han notificado de las resoluciones emitidas.
Calderón contraacusó a Alex de pretender con sus argumentos “irresponsables”, entorpecer el proceso electoral, al tiempo que defendió el uso del APL, invocando los mismos artículos de la legislación electoral esgrimidos por sus colegas sandinistas.
SACARÁN A LOS VOTANTES CON TESTIGOS
“Vamos a resistir en las JRV, para evitar que aquí vengan a contaminar con resoluciones ilegales e inexistentes, porque ustedes no tienen quórum para dictar una resolución”, advirtió Quinto, refiriéndose al uso del APL.
En los mismos términos se refirió Delio Alex, quien anunció que sacarán de las filas a los ciudadanos que intenten votar con testigos.
El magistrado Montealegre admitió que los dos testigos pudieran mentir al momento de testificar que conocen a determinado votante, no obstante, advirtió que esas personas estarían cometiendo delito electoral y pudieran ser procesadas judicialmente, igual suerte correrán los que no permitan votar a los ciudadanos con APL.
MITAD PODRÁ VOTAR
De acuerdo con el censo de 1995, en el Atlántico de Nicaragua viven 473,109 personas, de las cuales casi 200,000 podrán participar en los comicios regionales.
-En la región del Atlántico Sur se localizan 84,972 ciudadanos en edad de votar, de los cuales 82,070 disponen de cédula de identidad. El resto (2,902) cuenta con documento supletorio.
-Mientras que en el Atlántico Norte el padrón electoral es de 114,180 personas, de las cuales 110,954 tienen cédula y 3,226 documentos supletorios.
-El artículo 41 de la Ley Electoral consigna en su segundo párrafo que “Si un ciudadano hábil para votar no apareciere en el Padrón Electoral de la JRV del lugar de sus residencia habitual, pero posee su cédula de identidad o documento supletorio de votación legalmente expedido, que pruebe que reside en la circunscripción territorial de la respectiva JRV, ésta autorizará el ejercicio del sufragio y lo hará constar en el acta respectiva”.
