Alfonso Efraín Castellón Ayó[email protected]
Como secretario ejecutivo de la Asociación de Confiscados de Nicaragua y como abogado que trabaja en lo civil, “Rama de la Propiedad Inmueble” (recuperación de propiedades mal adquiridas), tengo a bien expresar mi opinión, respecto al penoso caso de la isla de Ometepe.
En uno de los desalojos (más de quince) que me ha tocado protagonizar, como abogado de los dueños originales, recuerdo uno en el que efectivamente corrió la sangre. Esto sucedió en San Juan del Sur, en La Talangera, y al efecto fui acompañado con policías, y una señora juez muy valiente y prudente. Tan pronto llegamos al lugar, procedí a solicitar a la Autoridad Judicial el desalojo de los equivocados detentadores de dicha propiedad inmueble (media manzana, con valor de cuarenta dólares la vara cuadrada: Nada más.).
Para asombro mío el primer brote de violencia surgió por parte de los “usurpadores y detentadores ilegales” del inmueble propiedad de mi cliente. Atacaron a un policía con un tremendo garrotazo, haciéndole rodar por el suelo; éste aturdido y lo más seguro enojado, contestó la agresión aplicando bíblicamente la ley del Talión, el resto fue prácticamente una batalla entre diez o doce usurpadores y unos quince policías, que fue la cantidad que logré llevar al sitio del desalojo.
En este desalojo, la Autoridad actuó con la mayor prudencia del mundo (me consta); los mismos policías de la ciudad de Rivas, la misma autoridad que ordenó el desalojo en Ometepe, pero esta vez en su carácter de Juez Ejecutor, la valiente, correcta y profesional del Derecho, doctora Gloria Aráuz, quien procedió con paciencia y prudencia, pero con firmeza. Sin embargo los desalojados atacaron a la autoridad policial, inclusive el que escribe este artículo fue amenazado, y me vi en la imperiosa necesidad de advertirles que si me agredían tendrían su respuesta. Finalmente me dejaron tranquilo, mas no así a los oficiales de la Policía, quienes tuvieron que reducirlos por la fuerza, llevándolos “detenidos” para iniciarles proceso judicial. (El suscrito ayudó, para que les pusieran en libertad, haciéndoles firmar un acta de guardar paz). Me pregunto, ¿fue la Policía quien provocó a estos señores? ¿O acaso la señora juez los incitó para que atacaran? ¿O quizás el abogado (el suscrito) les sugirió que atacaran? La respuesta es… ¡UN NO ROTUNDO!
Concluyendo, no es justo que todo el peso y responsabilidad de lo sucedido en Ometepe sea culpa de la Policía. Los Derechos Humanos se aplican tanto a la víctima como al victimario, son de doble vía. Hay que investigar profundamente de dónde vino la violencia, quién la inició. Si los usurpadores de tierra o los legítimos propietarios con títulos inscritos.
Debemos ser consecuentes y preguntarnos: ¿Hasta cuándo se va a respetar el Derecho de Propiedad en nuestro país? ¿Por qué sin haber investigado a fondo, debemos culpar a la fuerza pública de lo sucedido?
La toma de tierras o asentamientos espontáneos es el negocio del siglo, inescrupulosos líderes comunales venden lotecitos de trescientas varas a inocentes pobladores de dichos asentamientos. Hay que acabar con estos abusos. Permitirlos ¡Es corrupción en vivo! y un atropello al sagrado derecho de la propiedad. Felicito a ese noble cuerpo castrense (Policía Nacional) porque he sentido en carne propia la tensión que produce un desalojo. ¡Ánimo!, no se sientan derrotados y mucho menos humillados, si lo que hicieron fue en defensa de sus propias vidas. El sagrado derecho a la defensa no admite discusión. Es más, habría que investigar de dónde salieron las balas primeramente; para luego pegar el grito al cielo y rasgarse las vestiduras, tal como lo quieren hacer los eternos irrespetuosos del sagrado derecho de propiedad, para llevar agua a su molino e inclusive algunos colegas que sólo buscan protagonismo político.
El autor es Secretario Ejecutivo de la Asociación de Confiscados de Nicaragua.
