Negocios turbios entre el Banic y Hacienda

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagó al extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) más de 129 millones de córdobas de manera irregular, por la compra de 171 propiedades que serían entregadas a los desmovilizados de la Resistencia, violando acuerdos ministeriales y presidenciales que ordenaban que dichos pagos se hicieran en cuatro años a partir de 2001.

El dinero fue cancelado al Banic a través de Certificados de Pago emitidos por el Ministerio de Hacienda, a un 12 por ciento de interés, en agosto y octubre del año 2000. Según un analista independiente que prefirió el anonimato, esta operación permitió la capitalización del Banic justo cuando se dio el turbio proceso de privatización de la entidad financiera que estaba rumbo a la quiebra.

El entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada, autorizó la emisión total y entrega de los Certificados de Pago hasta por un valor de 48 millones, 971 mil 938 córdobas en una primera ocasión, y luego otro por 50 millones de córdobas. Según la Contraloría General de la República, se emitieron más Certificados de Pago hasta completar los 129 millones.

Las propiedades estaban en poder del Banic porque eran bienes inmuebles que éste había recuperado por falta de pago de créditos vencidos y las mismas supuestamente, habían sido ocupadas por los desmovilizados de la Resistencia.

El Director de Auditorías de la Contraloría, Juan Ramón Salgado, confirmó a LA PRENSA en presencia del contralor Guillermo Argüello Poessy, que existe un informe de auditoría que está casi listo en el que se precisan una serie de hallazgos que indican que hubo irregularidades en dichos pagos.

LAS IRREGULARIDADES

LA PRENSA tuvo acceso al mencionado informe de auditoría y entre las irregularidades detectadas destacan el hecho de que se halló que 96 de las 171 propiedades se negociaron a un precio de venta mayor de lo que establece el acuerdo presidencial 482-2000, el cual ordenaba que “los precios de las compra-venta serían los que resultasen más bajos entre los avalúos periciales o los montos de los créditos respectivos, si ésos eran menores”.

Además, los auditores indican en su informe que existen 39 propiedades que el Banic requirió con acción de pago y que las mismas fueron adjudicadas y registradas a su favor, con fecha posterior a la emisión del acuerdo ministerial que legaliza la transacción.

Otro de los hallazgos indica que existen 16 propiedades que se pagaron con montos mayores al valor de los préstamos recuperados por el Banco y a los valores periciales.

También se precisa en el informe de auditoría que las negociaciones de las propiedades entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banic no están documentadas, que existen diferencias entre lo escriturado y lo inscrito en el Registro Público de los Bienes Inmuebles; que se incluyeron propiedades de las cuales el Banic ya no era propietario por haberlas cedido a terceras personas; que de las 171 propiedades 132 no fueron inscritas a favor de Estado, entre otras de las irregularidades.

LARGA HISTORIA

El Estado a través del Ministerio de Hacienda, se comprometió con los ex miembros de la Resistencia a pagar 171 propiedades que pertenecían al Banco Nicaragüense (Banic), y que estaban supuestamente ocupadas por familias de desmovilizados sin tierras en los departamentos de Boaco, Chinandega, Chontales, Managua, Nueva Segovia y Bluefields.

Por las 171 propiedades, el Estado debía pagar al Banic un total de 157 millones 592 mil 936 córdobas, de los cuales 48 millones 971 mil 938 córdobas correspondían al pago de 54 propiedades y otros 108 millones 620 mil 998 córdobas correspondían al pago de otras 117 propiedades, según lo establecido en los acuerdos ministeriales 39-2000 y 42-2000 del mismo Ministerio, de agosto del año 2000.

El acuerdo 39-2000 indica que la forma de pago de las propiedades sería pagadero a partir del 2001 y se amortizaría el principal en iguales proporciones y pagos trimestrales durante cuatro años.

Estos pagos, según los acuerdos ministeriales antes mencionados, se realizaron por medio de Certificados de Pago en córdobas y se nombró al Procurador General de Justicia para que actuara en representación legal del Estado de Nicaragua en la formalización y traspaso de las propiedades.

La historia de estas operaciones financieras, que presuntamente sirvieron para capitalizar al Banic, tiene su origen en la firma en septiembre de 1999, de un documento denominado “Ayuda Memoria”, entre el entonces vicepresidente Enrique Bolaños y la Resistencia Nicaragüense, representada por Walter Calderón, “Comandante Toño” y Fernando Avellán. Esto pretendía solucionar las tomas de tierras de parte de los ex combatientes.

ILEGALIDAD TOTAL

Un dictamen legal de la Contraloría General de la República (CGR), emitido el 29 de noviembre del 2000, concluyó que “lo realizado por el (entonces) vicepresidente Bolaños y el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, es ilegal”, porque para que el Estado disponga de bienes que sobrepasen los 200 mil córdobas debe existir ley expresa de la Asamblea Nacional, algo que no se hizo en el caso de la compra de las propiedades.

El informe legal de la Contraloría, firmado por el director general jurídico del ente fiscalizador José de Jesús Brenes, señala que después de revisar el proceso “es opinión de la Dirección Jurídica que si bien es cierto la decisión del Poder Ejecutivo se basa en los acuerdos de paz y desmovilización… no es menos cierto que para eventualmente disponer de los mencionados bienes inmuebles, es necesario, según la Ley 169 (Ley de disposición de bienes del Estado y entes reguladores de los servicios), ampararse en una ley particular que así lo ordene”, señala el informe que está en el expediente de este caso en la Contraloría.

CGR RECOMENDÓ EXAMEN ESPECIAL EN EL MHCP

El artículo primero de la Ley No 204, de Reforma a la Ley de Disposición de Bienes del Estado y Entes Reguladores de los Servicios Públicos (Ley 169), establece que “solamente se podría disponer de los bienes del Estado de mayor cuantía mediante autorización por ley, exceptuando lo dispuesto en leyes especiales. La mayor cuantía se fija en bienes con valor de doscientos mil córdobas o más, entendiéndose esta suma con mantenimiento de valor”.

Brenes recomendó a los Contralores realizar un examen especial de auditoría en el Ministerio de Hacienda para conocer si se había cumplido con esta disposición y verificar si la compra y venta de las propiedades se había realizado cumpliendo con las leyes y decretos antes mencionados.

Los contralores aprobaron por unanimidad que esa auditoría se efectuara en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El 24 de abril del 2001 el licenciado Danilo Padilla, Asesor Legal Acreditado por la Contraloría y la licenciada Aracelly García Llanes, auditora encargada del ente fiscalizador, notifican a Antonio Morgan, Director General de Asesoría Legal del Ministerio de Hacienda, los hallazgos de la investigación.

INCONSISTENCIA EN EXTENSIONES

En esa ocasión le presentaron un informe en el que se precisaba que existían diferencias en las áreas de extensión de dos propiedades, según lo remitido por el Banic y lo escriturado a favor del Estado.

El documento detallaba que el bien inmueble inscrito bajo el número de propiedad 21527, cuya extensión entregada al Estado, según el Banic, fue de 1,503 manzanas, pero de acuerdo a los hallazgos se inscribieron a favor del Estado únicamente 450 manzanas, es decir, que entre lo entregado por el Banic y lo escriturado a favor del Estado, existe una diferencia de 1,053 manzanas.

La otra propiedad es la inscrita bajo el número 31177, de 472 manzanas de extensión, la cual según el Banic fue entregada al Estado en su totalidad, pero de acuerdo con la auditoría de la Contraloría fueron inscritas a nombre del Estado solamente 462 manzanas, existiendo una diferencia de diez manzanas.

Los auditores le informaron a Morgan que detectaron problemas en seis propiedades que están en el Acuerdo Ministerial 39-2000, que reflejan inconsistencias en las áreas de extensión, entre lo remitido por el Banic y lo escriturado a favor del Estado.

«BATEARON» AL ESTADO

La auditoría de la CGR señala, además, que Antonio Morgan, Director General de Asesoría Legal del Ministerio de Hacienda, avaló la entrega de Certificados de Pago de muchas propiedades al Banic, sin haber inscrito las mismas a favor del Estado.

-La auditoría indica que el Estado pagó propiedades que ya no le pertenecían al Banic, pues habían sido cedidas a terceras personas.

-Uno de esos casos es una propiedad de 300 manzanas, ubicada en Paiwas, Matagalpa, por la que el Ministerio de Hacienda pagó al Banic 664 mil 555 córdobas. La mencionada propiedad está, según la auditoría, inscrita en el registro de Matagalpa a nombre de Héctor José Valenzuela Castillo.

-El otro caso es el de la propiedad identificada con el número 66223, ubicada en Matagalpa, de 825 manzanas, de las cuales fueron escrituradas a favor del Estado 230 manzanas. La propiedad tenía un contrato de arriendo con opción a compra a favor de Inversiones Agropecuarias SA (Iagsa) —siendo el Banic el arrendador— por un monto de 400 mil dólares, con plazo de 10 años. El Banic se la vendió al Ministerio de Hacienda en 926 mil 221 córdobas.

-Morgan no respondió a los hallazgos que le fueron notificados, y recusó a los auditores de la Contraloría por considerar que los mismos carecían de objetividad, según carta enviada por los encargados de la auditoría al contralor Argüello.

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