Martha Danelia [email protected]
La falta de una política salarial que establezca un sistema único de remuneración, tanto para trabajadores de menor rango como para altos ejecutivos del sector público y privado, trae como consecuencia que en Nicaragua exista un desorden que provoca desajustes en el mercado laboral, al existir, además del salario nominal, diferentes compensaciones, coincidieron especialistas.
Mientras el salario medio nacional de un trabajador es de 2,900 córdobas mensuales, según estimaciones del consultor económico Néstor Avendaño, el de los altos ejecutivos oscila entre los 15,000 y 116,000 córdobas (incluyendo beneficios indirectos), según la firma consultora Price Waterhouse & Coopers.
En tanto los salarios de los altos funcionarios públicos están entre los 71,500 y 149,800 córdobas (incluyendo estipendios), según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“El mercado laboral está desajustado porque muchos ingresos ya sea en la parte estatal o privada se distribuyen bajo diferentes conceptos, éstos pasan desde nivel de ministros, diputados hasta en las empresas, aún en los empleados, vemos que en cada convenio colectivo de trabajo de una manera unilateral se crean nuevos conceptos de ingresos, como por decir transporte, alimentación, una serie de denominaciones por ingresos”, declaró Marco Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic).
Mónica Zúñiga, coordinadora de consultoría de recursos humanos de la Price Waterhouse & Coopers, atribuye la contradicción salarial a dos razones, primero, que los cargos gerenciales están ligados a la familia dueña del negocio; segundo, que todavía las empresas no tienen un adecuado sistema de compensaciones, ni una adecuada escala salarial con una curva salarial bien establecida, puesto que existe una gran brecha entre el salario ejecutivo y el resto de personal administrativo.
“Yo lo veo por los dos motivos, uno, que tal vez incide el aspecto familiar, que como dueño lógicamente van a recibir las mayores utilidades de la empresa; y dos, a la gestión de los recursos humanos no se le ha dado la importancia que se le debe dar en las empresas para establecer una categoría adecuada salarial… a las empresas les hace falta definir una política salarial adecuada, hacer una evaluación de las funciones y establecer una tabla salarial basada en el mercado, pero que vaya con una secuencia lógica, quitando esa brecha”, expuso Zúñiga.
Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), afirmó que “efectivamente hay un desorden salarial”.
“Aquí se satanizó el planteamiento que existía (en el gobierno sandinista) de establecer un ordenamiento salarial con el llamado Sistema Nacional de Organización del Trabajo y de los Salarios (SNOTS), pero así como eso no fue tan exacto y saludable tampoco es apropiado y correcto el extremo de la liberalización a ultranzas, de tal manera que hoy por hoy no rige un sistema de organización de los salarios más que un rótulo que está colgado de una de las puertas del Ministerio del Trabajo que dice Dirección de Empleo y Salario, pero no hay un sistema establecido”, comentó.
LA PRENSA, intentó conocer la versión de la directora de esta dirección, Marbel Gamboa, pero no respondió a la solicitud de entrevista realizada durante varios días.
Según el consultor económico Néstor Avendaño, en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la política salarial mantenida desde junio de 1994 a la fecha, distingue dos sectores: el público y el privado.
“En el sector público la premisa fundamental es el congelamiento de los salarios, excepto para los estratos salariales muy bajos como son el magisterio, la policía y el personal médico y paramédico del sistema nacional de salud; sobre el sector privado, la premisa fundamental de la política salarial es que los salarios se determinan en función de la capacidad financiera de las empresas”, explicó Avendaño.
Además, dijo, dentro de la política salarial existe el tema del salario mínimo que afecta al sector privado y público en forma homogénea, y la ley del salario mínimo en Nicaragua indica que éste debe estar en función del costo de la canasta básica de 53 productos, teniendo en cuenta a una familia de tamaño promedio nacional de seis miembros y que dos personas trabajan, como mínimo, en cada núcleo familiar.
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