Nidia Ruiz López [email protected]
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, dijo ayer que todavía se encuentra a la espera de la opinión de un grupo de abogados para determinar si el Decreto Presidencial 5-2002 implicará la devolución de las dietas percibidas por los funcionarios de la administración anterior.
El presidente Enrique Bolaños mandó a publicar el Decreto 5-2002, por medio del cual derogó el decreto en el cual el diputado Arnoldo Alemán trató de legalizar el pago de las dietas a sus funcionarios, antes de entregar la Presidencia.
“La Gaceta de hoy —ayer— lo va a publicar, deroga el Decreto 1-2002 firmado por el presidente Alemán”, confirmó el secretario de Comunicación Alejandro Fiallos.
El decreto de Alemán ratificaba el pago de las dietas hechas por las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo, decreto que a su vez derogaba tácitamente el Decreto número 57 “Suspensión de Dietas”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 12 del 18 de septiembre de 1979.
Según análisis del experto fiscal Julio Francisco Báez, el decreto de Alemán no anulaba el de 1979, ya que el decreto del 79 tiene rango de ley, ya que la Junta de Reconstrucción compartía la función legislativa con el Consejo de Estado, mientras no hubiera Constitución, la cual se aprobó en el 87.
Fiallos indicó que el decreto de Bolaños significa que ningún funcionario de su gobierno va a recibir dietas, y al ser consultado si afectaba a los funcionarios de la Administración Alemán, indicó que “eso no tiene nada que ver. Eso es pasado, eso habría que verlo legalmente”.
LEYES PRIORITARIAS
En otras declaraciones, Fiallos aseguró que la Ley de Inmunidad es una de las leyes que está analizando la Asesoría Legal de la Presidencia, que luego presentará el Ejecutivo al Legislativo.
“Tal vez en este momento no fue presentada, pero sí se va a presentar más adelante, el presidente Bolaños hizo su agenda parlamentaria y allí va metida”, manifestó Fiallos.
Agregó que no hay fecha para la presentación de dicha iniciativa “pero sí es una prioridad del gobierno de Bolaños”, al igual que el proyecto de Ley de Acceso a la Información.
