- Cancelarán contratos de 69 personas, entre ellos “fantasmas” y favorecidos por el PLC
- Presidenta Ejecutiva del INSS afirma que no renovarán contrato a 15 asesores
Gabriela Roa Romero [email protected]
La administración del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) tiene previsto cancelar unos 69 contratos, entre los que se encuentran “fantasmas”, personas favorecidas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y otras que tenían un bajo rendimiento laboral.
Según información obtenida por LA PRENSA, de los 69 contratos que serán cancelados, 24 corresponden a personas con bajo rendimiento laboral, prestanombres o “fantasmas”, y favorecidos por el PLC. Una persona más será despedida porque fue sancionada administrativamente.
La presidenta ejecutiva del INSS, Edda Callejas Montealegre, admitió que están analizando la situación de unas 14 personas que entraron a laborar a la institución por recomendaciones de miembros del PLC.
“Estamos evaluando para determinar sus capacidades, habilidades, y asegurarnos que tenemos personas que tienen funciones específicas; no podemos tener personas en la institución que no tengan funciones o no estén desarrollando un trabajo, si están acá y se les está pagando, tienen que trabajar”, señaló Callejas Montealegre.
Cabe señalar que entre los trabajadores a los que se les cancelarán sus contratos, hay quienes tienen salarios de hasta 27,500 córdobas, con otra partida adicional de 7,000 dólares.
Según la titular del INSS, de estas 14 personas, tres podrían ser trasladadas a lugares “donde sí pueden ayudarnos”, mientras las otras once están en proceso de evaluación.
NO PERMITIRÁN DESVÍOS
Callejas advirtió que el INSS se encuentra en un proceso de reorganización, con el objetivo de trabajar con eficiencia, y no va a permitir desvíos durante su gestión.
Aunque la funcionaria del INSS no detalló el contenido de una auditoría interna, dijo que había nombres de personas que no trabajan en la institución.
Asimismo, se cancelarán los contratos de 15 asesores, según Callejas, porque la situación financiera de la institución no lo permite. “Tenemos que tener el mínimo de asesores, y los que queden, que realmente sean personas que sí están apoyando esta institución”, explicó.
“Definitivamente no vamos a renovar esos contratos (asesores) porque consideramos que tenemos directores generales, específicos, supervisores, encargados de oficina y asistentes, entre otros”, dijo la titular del INSS.
Entre el recorte de personal también se registran seis renuncias de personas que se irán a la Superintendencia de Pensiones y otras 13 renuncias voluntarias.
Además, cuatro empleados de la empresa Serlisa serán dados de baja, porque efectuaban trabajos de limpieza y mensajería, “cuando nosotros tenemos una compañía que provee esos servicios”, dijo Callejas Montealegre.
Igualmente, siete conductores de la Presidencia Ejecutiva serán dados de baja por ser supernumerarios, según la titular del INSS.
“No estamos en capacidad… es un supernumerario de conductores asignados a la Presidencia. Hubo dos o tres que tenían muchos años de laborar para la institución y los trasladamos a otras áreas”, comentó.
AGUADO JUSTIFICA
Martín Aguado, ex titular del INSS y actual Superintendente de Pensiones, aseguró que todos los trabajadores de la institución tenían sus funciones específicas asignadas.
“Es verdad que pudieron ser recomendados por alguien allegado al partido, pero tenían sus funciones con trabajo específico”, subrayó.
Agregó que cada administrador hace su análisis, y si considera que tiene personal que no necesita procede a despedirlo.
Mencionó que el INSS, a partir de julio, cuando entre a operar el nuevo sistema de pensiones, enfrentará una reducción de sus ingresos.
Todas las personas menores de 43 años van a trasladarse al nuevo sistema, lo que significa que unos 220 mil de 340 mil afiliados, dejarán el INSS, ocasionando una reducción de personal.
Sobre los asesores que mantenía la institución, dijo que es normal, porque para las reformas de la Ley del Sistema de Ahorros para Pensiones (marzo de 2000) y para la Ley Creadora de la Superintendencia de Pensiones (marzo de 2001), se requirió de una gran cantidad de asesores.
